En un acto cargado de simbolismo político en el Museo de Bahía de Cochinos en Miami, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el pasado 8 de mayo la Ley de Restricción y Control de la Injerencia Extranjera. Esta legislación endurece significativamente las limitaciones comerciales, gubernamentales y académicas con naciones clasificadas como “países de preocupación”, con un enfoque directo en la isla de Cuba.
La normativa busca “combatir la influencia extranjera perniciosa” mediante la prohibición estricta de regalos o beneficios a funcionarios públicos por parte de estos gobiernos. Además, la ley amplía las sanciones contra entidades vinculadas a regímenes de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba y “el régimen venezolano de Nicolás Maduro”. Entre las nuevas restricciones se incluyen limitaciones en acuerdos de subrogación y adopción, así como la prohibición de transacciones financieras con organizaciones catalogadas como terroristas.
DeSantis enfatizó la necesidad de tener “un buen vecino” a escasos kilómetros de la costa de Florida, declarando que es momento de que la dictadura cubana quede en el pasado. No obstante, la ley contempla una cláusula de flexibilidad; el gobernador podrá suspender ciertas restricciones comerciales si el Gobierno federal certifica avances hacia una “Cuba libre e independiente”.
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Esta medida estatal se alinea con el reciente endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana y faculta a los gobiernos locales para revocar licencias comerciales a quienes violen leyes federales al negociar con la isla, consolidando a Florida como un actor clave en la presión internacional contra estos regímenes.
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