La Administración de Donald Trump ha implementado una estricta medida migratoria que obliga a los solicitantes de la residencia permanente, conocida popularmente como ‘green card’, a abandonar territorio estadounidense y regresar a sus países de origen mientras se resuelve su estatus legal. Esta política representa un giro radical en el sistema de inmigración legal de Estados Unidos y, según expertos en la materia, podría golpear severamente a más de medio millón de personas cada año.
La nueva norma, que entró en vigor en fecha reciente, anula la posibilidad de realizar el tradicional ajuste de estatus migratorio dentro de las fronteras de la nación. A partir de ahora, los extranjeros que ya residen en el país deberán tramitar de manera obligatoria su tarjeta de residencia a través de las sedes consulares en el exterior. Esta restrictiva disposición rompe de manera abrupta con una práctica legal establecida y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos desde 1952.
Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y política de inmigración del Economic Policy Institute (EPI), advirtió sobre las devastadoras consecuencias de este cambio. Costa señaló que la medida complicará las vidas de millones de personas que se verán forzadas a abandonar sus puestos laborales en territorio norteamericano. Asimismo, el especialista destacó que, de no contar con la opción de trabajar de manera remota, la mayoría perderá sus empleos y sufrirá graves pérdidas económicas, además de enfrentar una dolorosa separación familiar que podría prolongarse por meses o años.
De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) correspondientes al año fiscal 2024, el 58% de los 1,35 millones de migrantes que obtuvieron la residencia legal lo hicieron bajo la modalidad de ajuste de estatus interno. Esto equivale a 782.770 personas que hoy se verían obligadas a salir del país para concluir su proceso.
Por su parte, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) alertó que el mayor impacto recaerá sobre aquellos inmigrantes que poseen vínculos familiares directos en Estados Unidos, ya que la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Benjamín Johnson, director ejecutivo de la organización, desmintió la postura gubernamental que minimiza el trámite, calificando de “desinformación peligrosa” la idea de que solo se trata de adquirir un pasaje aéreo.
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Los representantes de AILA explicaron que el memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es sumamente impreciso y no aclara las excepciones del proceso legal. Además de las familias, la medida perjudicará de forma directa a profesionales y especialistas con empleos vigentes, trabajadores del sector religioso y beneficiarios de programas de protección humanitaria como el TPS o el ‘parole’, sumiendo en la incertidumbre total y absoluta a las comunidades enteras asentadas en el país.
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