El sábado, 1 de julio, entró en vigencia en Florida una ley promovida por el gobernador Ron DeSantis que castiga fuertemente la inmigración irregular en un estado con una gran dependencia de la mano de obra extranjera.
Organizaciones que trabajan a favor de los inmigrantes estiman que existen aproximadamente 400.000 indocumentados que trabajan en el “estado del sol”, principalmente en sectores como agricultura, construcción y hostelería, donde representan el 10 % de la mano de obra.
La llamada ley SB 1718 obliga a las empresa con más de 25 empleados a usar un programa de verificación de estatus migratorio con cada uno de los trabajadores, de lo contrario se arriesgan a multas y el retiro de los permisos para operar, entre otras medidas severas y “antiestadounidenses”, según han dicho algunos de sus críticos.
Otro ejemplo de la severidad de la ley es que viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada, es considerado un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión. El castigo aumenta si el pasajero es un menor de edad, sin importar si se trata de un familiar inmediato del conductor.
La ley obstaculiza el acceso de los indocumentados a la atención médica, al hacer obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid, que es el seguro de salud público. También desconoce las licencias de conducir expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal.
De acuerdo con datos de la Fundación 15 de Septiembre, un 35 % de los hondureños que trabajaban sin papeles en Florida se han mudado ya a otros estados, como Georgia y Carolina, entre ellos un grupo de obreros calificados de la construcción.
Hundirán ley en litigios
De acuerdo con la apreciación de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, la nueva ley migratoria de Florida va a correr la misma suerte que las “leyes antinmigrantes” de California y Arizona: quedará “empantanada” por litigios judiciales o no implementada, aseguró Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la coalición.
“Venimos a decirle al millón de indocumentados que se calcula que hay en Florida que no están solos, que tenemos experiencia en cómo neutralizar estas leyes regresivas y reaccionarias”, dijo Gutiérrez quien integra la caravana “Todos somos Florida”, que partió la semana pasada de California.
Esta movilización tenía pautado llegar el jueves 29 de junio en la noche a Florida donde se sumarían otros vehículos para desfilar el viernes 30 de junio ante el Capitolio estatal en Tallahassee, en una marcha de protesta.
El acto principal de esta protesta estaba prevista para el sábado 1 de julio, día de entrada en vigencia de la ley SB 1718.
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“Vamos a anunciar un boicot, a pedir al público de todo el país que del 1 al 4 de julio no consuman productos de Florida, como frutas y verduras, jugo de naranja y otros cítricos”, indicó.
Gutiérrez señaló que además de las protestas, abogados de organizaciones de derechos civiles y pro inmigrantes diseñaron una estrategia legal contra la ley SB 1718 que se va a plasmar en varias demandas judiciales.
“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para empantanar la ley SB 1718 hasta que pase la temporada electoral”, aseguró Gutiérrez, quien opina que el gobernador de Florida y candidato a las primarias republicanas de 2024, ha querido con esa ley “demostrar que es más antinmigrante que Donald Trump”, sin importarle llevar a la ruina económica a su estado.
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