Las autoridades chilenas cansadas del agobiante flujo migratorio que genera el régimen de Nicolás Maduro, se plantean un plan similar al que aplican los países europeos con los migrantes sirios.
Aunque Venezuela no está en guerra, sus migrantes no paran de llegar a los países de la región. Por ello, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, propone un sistema de cuotas inspirado en el modelo de la Unión Europea para recibir a los migrantes sirios que huyen del conflicto bélico.
Te puede interesar:Chile construye una enorme zanja en la frontera para detener a migrantes ilegales
“Una crisis migratoria, en este caso de más de seis millones de personas, sobre todo de Venezuela, no puede recaer en uno o un grupo de países. Tenemos que pensar en la solidaridad latinoamericana. Brasil, Uruguay, Paraguay, también Bolivia, tienen un rol que cumplir”, señaló el mandatario.
Entre enero y julio de 2021 Chile recibió a unos 24.000 venezolanos que huían de la miseria y el hambre. El fenómeno provocó que se produjera una crisis humanitaria debido a familias enteras que llegaron exhaustas y a pie.
Más de seis millones de venezolanos han abandonado su tierra en los últimos años. Boric informó que ya solicitó a la Unión Europea asesoramiento sobre su experiencia con la migración siria, para así diseñar un plan adaptado a las necesidades y realidades de América del Sur.
Te puede interesar:En Chile entró en vigor nueva ley que permite expulsión inmediata de migrantes
Con el nuevo gobierno de Gabriel Boric, el Congreso de Chile extendió la presencia de militares en el norte del país a solicitud del mandatario. En esa zona se realizan labores de control ante la entrada irregular de migrantes por la frontera con Bolivia.
Se trata de la segunda extensión del Estado de Excepción que permite la militarización en la zona norte, desde que fue decretada por el entonces presidente Sebastián Piñera (2018-2022) el 16 de febrero de 2022.
Piñera extendió la medida 15 días después, pero la segunda extensión, ordenada por el izquierdista Boric (2022-2026), debía ser aprobada por el Congreso. La Cámara de Diputados y Senadores votaron separadamente en favor de esta medida, que estuvo vigente hasta el 1 de abril.