Las organizaciones migratorias y ambientalistas de Estados Unidos celebraron los reportes sobre el inminente cierre de Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención para migrantes ubicado al oeste de Miami y convertido en símbolo de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. Sin embargo, activistas advirtieron que el lugar deja un “daño irreparable” tanto para las personas detenidas como para el ecosistema de los Everglades.
La posible clausura del sitio, prevista para junio según medios de comunicación, estaría relacionada con los altos costos de operación estimados en más de un millón de dólares diarios. A pesar de ello, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió recientemente la iniciativa y aseguró que el centro permitió procesar y deportar a cerca de 22.000 migrantes desde su apertura en julio de 2025.
Cada semana decenas de activistas realizan vigilias frente al lugar para exigir su cierre definitivo. María Bilbao, coordinadora de campañas de American Friends Service Committee, afirmó que el centro representa un emblema de la “crueldad” hacia los migrantes y criticó la falta de transparencia en torno a su funcionamiento.
Bilbao señaló que no existe una cifra oficial sobre cuántas personas permanecen detenidas ni información clara sobre sus condiciones de reclusión. Aunque reportes periodísticos apuntan a que los migrantes comenzarán a ser trasladados durante junio y que el desmantelamiento ocurrirá posteriormente, las autoridades no han confirmado un calendario oficial.
Un cierre que no pone fin al conflicto
El Gobierno de Florida promovió Alligator Alcatraz como una muestra de cooperación con la administración federal en materia migratoria. Sin embargo, DeSantis sostuvo recientemente que el sitio siempre fue concebido como una instalación “temporal”, mientras enfrenta cuestionamientos por el uso de fondos estatales destinados originalmente a emergencias.
Las críticas también se concentran en el impacto ambiental causado por la construcción del centro en plena zona de los Everglades. Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of The Everglades, advirtió que la obra implicó la pavimentación de ocho hectáreas y la afectación de más de 800 hectáreas de hábitat natural de especies protegidas, entre ellas la pantera de Florida.
Samples aseguró que la organización continuará con la demanda judicial presentada para exigir una evaluación ambiental independiente y medidas de reparación del daño ocasionado al ecosistema. Según afirmó, el proyecto fue desarrollado “en secreto” desde su planificación hasta su operación y ahora incluso su cierre se maneja sin información pública suficiente.
Las agrupaciones civiles también mantienen acciones legales relacionadas con las condiciones de detención. La Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) impulsa recursos judiciales por presuntos tratos inhumanos y por las dificultades que enfrentaban los migrantes para acceder a representación legal.
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Para activistas y líderes comunitarios, el impacto del centro trasciende su eventual clausura. Yurina Gil, inmigrante cubana y aspirante demócrata al Congreso por el distrito 26 de Florida, propuso que el sitio se convierta en un espacio de memoria que recuerde el trato recibido por miles de migrantes.
Gil advirtió que, aunque Alligator Alcatraz deje de operar, la situación de los detenidos en otros centros migratorios del país continúa siendo motivo de preocupación. A su juicio, el modelo aplicado en Florida se ha replicado en distintas partes de Estados Unidos y refleja una política migratoria basada en la deshumanización de las personas migrantes.
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