Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) garantizar el acceso a abogados para migrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en Florida. La decisión responde a denuncias sobre presuntas violaciones al debido proceso y condiciones de detención consideradas abusivas por organizaciones civiles.
La jueza Sheri Polster Chappell instruyó tanto a ICE como a la División de Gestión de Emergencias de Florida a facilitar asesoría legal efectiva y a publicar información clara que permita a los abogados contactar a las personas detenidas. La orden se deriva de una demanda presentada por grupos como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses y Sanctuary of the South.
Activistas calificaron el fallo como una “gran victoria”, al destacar que el acceso a representación legal es un derecho constitucional y no un privilegio. Asimismo, reiteraron su exigencia de cerrar el centro, al que consideran un símbolo de políticas migratorias restrictivas.
El centro, inaugurado en julio de 2025 en la zona de los Everglades, ha sido objeto de creciente escrutinio público. Senadores demócratas solicitaron una investigación federal por acusaciones de abusos, incluyendo confinamiento en espacios reducidos, exposición prolongada al sol y falta de acceso a alimentos y agua.
Los legisladores advirtieron que estas condiciones podrían contravenir estándares federales de detención y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
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“Estas condiciones que, según reportes, sufren los detenidos, como se presume, parecen violar los estándares de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, escribieron.
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