En Filadelfia podrían estar cantando una victoria apresurada después que el juez de distrito estadounidense, Gerald McHugh, fallara en torno a una interrogante sobre la operación de Safehouse y su proyecto de casa segura para inyección de opiáceos, pero el fondo de la diatriba legal quedó sin tocar.
La organización sin fines de lucro Safehouse de Filadelfia, que se ha estado defendiendo contra el gobierno federal en los tribunales y en una corte distrital se discutió la posibilidad de que la casa de inyección funcionara bajo la jurisprudencia de la Ley Crackhouse, cuestión a la que el tribunal no encontró objeciones.
De acuerdo a lo reportado por algunos medios locales, el juez escribió en su sentencia que permitir el uso de algunas drogas como parte de un esfuerzo para combatir el uso de drogas no es suficiente. “El objetivo final de la operación propuesta de Safehouse es reducir el uso de drogas, no facilitarlo, y por lo tanto, [el estatuto] no prohíbe la conducta propuesta de Safehouse.”
Sobre el asunto la vindicta pública se mantiene invariable. El fiscal William McSwain señaló que el Departamento de Justicia “sigue comprometido con la prevención de la apertura de sitios de inyección de drogas ilegales”.
“La opinión de hoy es simplemente el primer paso en un proceso legal mucho más largo que se llevará a cabo”, dijo McSwain. “Este caso, obviamente, está lejos de haber terminado. Estamos deseando seguir litigando y confiamos en nuestra posición legal”.
Sobre el tema y competencia de la corte el juez Gerald McHugh fue tajante. En este trámite no era su deber determinar en este fallo si los sitios de inyección supervisados son soluciones o herramientas apropiadas para combatir la epidemia de opiáceos en Filadelfia, o en su vecindario de Kensington. Su trabajo, tal como lo solicitó el gobierno federal, tenía un alcance muy limitado: decidir si el llamado “estatuto del crackhouse“, escrito en 1986, se aplicaba a Safehouse.
La reacción de la representante legal de Safehouse fue comedida. La abogada Ilana Eisenstein dijo que no esperaba que el caso avanzara mucho más a nivel de la corte de distrito.
“De mi lectura de la opinión de la corte, no hay muchos hechos en disputa”, dijo Eisenstein.
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El fallo se redujo al propósito principal del sitio: ¿Safehouse tendría el propósito expreso de facilitar el uso de drogas? ¿O serviría ese uso de drogas como un medio para lograr un fin que en última instancia está destinado a ayudar a las personas que consumen drogas?
La consejera Eisenstein dijo que si la jueza no emite un fallo que permita a Safehouse abrir inmediatamente, mientras tanto su equipo solicitará un remedio preliminar para hacerlo mientras el caso continúa o una apelación avanza.
Aplausos de Kenney
El alcalde de la ciudad de Filadelfia Jim Kenney ovacionó la decisión del juez de distrito, Gerald McHugh. Kenney desde los albores del proyecto ha sido un panelista de este método terapéutico y lo ha defendido.
“Creo que los sitios de prevención de sobredosis pueden salvar vidas, reducir la transmisión de enfermedades infecciosas, ayudar a conectar a las personas que sufren de trastornos por uso de sustancias con el tratamiento y otros servicios, y reducir la basura asociada con el uso de drogas al aire libre”, dijo en un comunicado. “Hay desafíos que superar, y si la ciudad va a ser un modelo nacional en la reducción de daños, tenemos que hacerlo bien y en asociación con la comunidad”.
Kenney ha apoyado el sitio desde principios de 2018, pero también ha dado marcha atrás cuando los miembros de la junta directiva de Safehouse anunciaron que habían seleccionado un lugar donde planeaban abrir, sin notificar a la comunidad circundante.
No es pan comido
No solo Safehouse se enfrenta a una batalla legal donde la Fiscalía de Filadelfia no cederá, también está flanqueada por la comunidad de la Ciudad del Amor Fraterno, ciudadanos que no están para nada convencidos de permitir que en alguna de sus calles se instale una casa de “inyecciones controladas”.
A través de los medios se ha sabido que varios grupos en Kensington se han opuesto al sitio desde el principio, argumentando que incluso si el sitio salva vidas, sólo perpetuará el uso concentrado de drogas en su vecindario.
“Esperamos que la ciudad tenga un plan de seguridad pública para los residentes cuando abra sus puertas”, dijo Shannon Farrell, directora de la Asociación Cívica Harrowgate, que se ha opuesto a Safehouse en las reuniones comunitarias y en un informe amicus presentado ante el tribunal. “Espero que funcione, para todos nosotros.”