La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), adscrito al Ministerio de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, anunció recortes en el presupuesto para a la atención de los menores indocumentados no acompañados que se encuentran detenidos bajo custodia federal en todo el país.
De acuerdo al programa que brinda apoyo a aquellas personas que buscan un refugio seguro dentro de los Estados Unidos, la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur, ha creado enormes presiones fiscales que han derivado en restringir o eliminar partidas presupuestarias para actividades inherentes a su objetivo.
Una capa superficial que es visible a este recorte presupuestario sacó del calendario de actividades las clases de inglés, la asistencia legal y las actividades recreativas, beneficios de los que serán privados los niños bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos.
Evelyn Stauffer, representante del programa diseñado por la Administration for Children and Families (ACF), confirmó que los dineros para el desarrollo de su misión han mermado drásticamente y justificó el abrupto desenlace al incremento en la llegada de indocumentados en la frontera sur.
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“Esta semana, la ORR instruyó que se empiecen a reducir o cancelar los fondos para actividades de menores no acompañados que no sean estrictamente necesarias para la protección de la vida y la seguridad”, aseguró la funcionaria.
Desde hace 24 horas los niños bajo custodia del Estado solo se les mantendrán con vida. En líneas generales no tendrán acceso a la educación, no contarán con representación legal gratuita y especializada y no gozarán de actividades recreativas.
Algunas voces críticas a la medida han indicado que con este giro los albergues de los niños tendrán más el matiz de un antiguo campo de concentración, en los que solo se les garantizará comida y acceso a la salud.
La vocera de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados urguió en declaraciones a la prensa que se necesitan más recursos ”para hacer frente a las necesidades humanitarias creadas por este influjo, tanto para mantener el bienestar crucial de los niños como para aumentar nuestra capacidad”.
El primero en traer los datos de este problema que afecta a un gran número de niños atrapados en el marasmo legal migratorio de los Estados Unidos, fue el diario The Washington Post, que hizo referencia a que la medida podría desafiar un acuerdo judicial federal que exige que los menores bajo custodia federal tengan acceso a educación y recreación.
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El Gobierno estadounidense opera una red de unos 168 centros y programas en 23 estados para albergar a los menores indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que cruzan solos la frontera sur y piden asilo en el país, según datos del HHS.
Por ley, los menores indocumentados que llegan apenas pueden pasar un máximo de 20 días en los centros de detención de las autoridades migratorias, y después pasan a albergues gestionados por el Departamento de Salud.
En ellos, la ORR “está obligada por ley a proporcionar cuidados a todos los menores no acompañados bajo su custodia mientras avanzan sus casos en los tribunales de inmigración y hasta que son entregados a sus tutores apropiados, normalmente un progenitor o un pariente cercano”.
Este año, más de 40 mil 800 menores no acompañados han cruzado la frontera y han quedado bajo la custodia de la ORR, lo que supone un aumento del 57 % respecto al año pasado y ha llevado a esa agencia a alertar de una crisis presupuestaria.
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