La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, emitió un nuevo decreto que extiende hasta el 22 de julio el toque de queda debido a la pandemia, que ahora será de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana y establece los parámetros para el regreso a puestos de trabajos en el sector público y en el sistema de enseñanza público y privado.
El uso de mascarillas siguen siendo obligatorias y quienes incumplan la normativa serán multados. La mandataria advirtió que podrían implementarse medidas más estrictas si se registra un aumento de casos en la isla.
El nuevo decreto establece que los empleados del Gobierno comenzarán a laborar de forma escalonada en sus respectivas agencias a partir este miércoles 1 de julio. Cada jefe de agencia deberá hacer cumplir todas las medidas de seguridad, salud y control de infecciones establecidas en el Plan de Manejo de Riesgos y Control de Exposición a la COVID-19.
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La apertura de los servicios educativos universitarios se hará cumpliendo con el parámetro de separación de dos metros de distancia, el uso obligatorio de mascarilla y el lavado frecuente de manos.
Las escuelas públicas y colegios privados cuyo comienzo de clases está planificado para mediados de agosto, deberán prepararse y elaborar sus planes de trabajo para reabrir los planteles conforme a los parámetros de salud y seguridad para prevenir el contagio del virus durante el próximo semestre escolar.
Puerto Rico, con una población de 3,2 millones de habitantes, ha reportado hasta la fecha 153 muertes, más de 1.630 contagios y más de 5.600 casos probables.
El 11 de junio la gobernadora emitió un decreto para activar la tercera fase de reapertura económica que incluyó cines, playas, gimnasios, museos y centros de estética personal.
Los expertos en salud criticaron la reapertura diciendo que era prematura, sobre todo debido a un retraso en las estadísticas del gobierno que no reflejan el impacto de la reactivación económica anunciada hace casi un mes.
“Pudiéramos estar entrando en una fase crítica de la pandemia. No debieron tomar decisiones apresuradas”, dijo la epidemióloga puertorriqueña Roberta Lugo quien junto a otros especialistas señalaron que el gobierno ha realizado muy pocas pruebas, y la mayoría con el tipo de tests equivocados para poder conocer la extensión real de la pandemia en Puerto Rico.