La Asamblea Nacional de Venezuela bajo el dominio oficialista del chavismo, aprobó este jueves 28 de noviembre una ley que establece penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta más de un millón de dólares para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y “autoridades” del Estado venezolano.
La “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, que solo espera la firma del mandatario Nicolás Maduro para su entrada en vigencia, también incluye una inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos “delitos”, lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
La nueva legislación aparece junto con las tensiones agravadas por la dudosa reelección de Maduro para un tercer mandato (2025-2031), que ha sido denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio.
Los acusados de impulsar o apoyar sanciones extranjeras, añade la ley, podrán ser juzgados en ausencia en caso de negarse a acudir a las audiencias.
De igual manera, tampoco podrán contender en elecciones quienes hayan “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución” de “acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos” contra Venezuela, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países. Para estas personas se consideran penas idénticas de hasta 30 años.
Serán multados, además, los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que “afecten a la República Bolivariana de Venezuela” y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma en la que el caso.
Este nuevo marco legal también define como “acciones que ponen en riesgo la soberanía” el desconocimiento a la legitimidad de los poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que “simulen” representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos gobiernos del mundo.
Un contraataque
La “Ley Libertador Simón Bolívar” aprobada por el Parlamento unicameral venezolano ocurre en respuesta a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del Presidente para entrar en vigencia.
La iniciativa en discusión en el congreso estadounidense, denominada Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), prohíbe firmar contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Maduro, que tilda de “ilegítimo”, o con cualquier otro “no reconocido como legítimo” por Washington.
El uso del nombre del máximo prócer de la independencia venezolana causó una irritada reacción del gobierno de Maduro.
“De manera desvergonzada, le han colocado (a la ley) el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo”, dijo la Cancillería venezolana en un comunicado en el que calificó el proyecto como un “ataque criminal”.
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Las sanciones estadounidenses habían sido flexibilizadas, con licencias a trasnacionales energéticas como Chevron para hacer negocios en Venezuela. Pero los cuestionamientos a la reelección de Maduro hacen renacer amenazas de reimpulso de estas medidas, mientras se espera el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington están rotas desde 2019.
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