Los polémicos cambios electorales aprobados por el Congreso de Florida y avalados por el gobernador Ron DeSantis, quedaron suspendidos este jueves 31 de marzo luego que un juez de un tribunal de distrito federal en dicha entidad dictaminara que varias partes de dicha ley estatal de 2021 relativa al proceso electoral son inconstitucionales.
El juez Mark Walker concedió la razón a varias organizaciones civiles locales que por diversas causas se juntaron en una demanda contra la secretaria de Estado de Florida, Laurel Lee; la fiscal general del estado, Ashley Moody, y otros funcionarios por la promulgación de ley SB 90 aprobada por el parlamento floridano y firmada por DeSantis el año pasado.
Entre los demandantes se encuentran Hispanic Federation, Poder Latinx, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), LatinoJustice, la Liga de Mujeres Votantes de Florida y UnidosUS que creen que la ley SB 90 reduce las posibilidades de ejercer el derecho al voto de los floridanos.
En la demanda se invocó que dicha legislación “pasa por alto el derecho al voto, dificulta innecesariamente la votación para todos los floridanos elegibles, sobrecarga indebidamente a los votantes discapacitados y apunta intencionalmente a los votantes minoritarios, todo para mejorar las perspectivas electorales del partido en el poder”, subrayó el juez Walker.
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“Habiendo revisado toda la evidencia, este tribunal determina que, en su mayor parte, los demandantes tienen razón”, acotó el magistrado.
De acuerdo con el fallo, no pueden emplearse las limitaciones sabidas en la ley al uso de los buzones de entrega de boletas electorales y a los esfuerzos de registro de votantes de terceros partidos.
Los electores podrán volver a recibir agua o asistencia si esperan en largas filas, sin embargo, el juez Walker no invalidó otras partes de la ley que entorpecen el voto por correo.
No obstante, Michelle Kanter Cohen, directora de políticas y asesora principal del Centro de Elecciones Justas, considera que el fallo del juez Walker es “una victoria para las organizaciones de derechos electorales”.
Brad Ashwell, director de la organización de derechos civiles All Voting is Local, también aplaudió el fallo judicial y señaló que el dictamen “marca una victoria monumental para los derechos del voto en Florida”.
Ashwell añadió que se trata de una decisión judicial que servirá para “eliminar las barreras a las urnas que DeSantis y los teóricos de la conspiración en la legislatura están tratando de colocar para sabotear las elecciones y dificultar que la gente vote”.
Cuando firmó la ley SB 90 el año pasado, DeSantis quien busca ser reelegido en 2022, indicó que los floridanos podían estar seguros de que Florida “seguirá siendo líder en la integridad de la boleta electoral”.
Entre otras modificaciones, la legislación estableció que quienes quieran sufragar por correo tienen que solicitar la papeleta cada ciclo electoral y no cada dos como es en la actualidad.
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La ley SB 90 también limita el uso de urnas para depositar el voto durante las jornadas de votación anticipada que hasta la fecha estaban disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.
Además se prevé una verificación de firma, lo que quiere decir que los votantes deben tener registrada su rúbrica en el archivo de las autoridades electorales.
El Partido Demócrata ha denunciado esta ley puede reducir la participación electoral de las minorías, las personas mayores y quienes tienen discapacidades al hacerles más difícil el voto por correo.
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