Cerca de un centenar de autobuses eléctricos adquiridos con fondos públicos permanecen fuera de servicio en el sur de Florida, tras una inversión que supera los 96 millones de dólares. La situación, revelada por una investigación del medio local Local 10, ha encendido las alarmas entre autoridades y contribuyentes, al evidenciar que los vehículos no han cumplido con su propósito de modernizar el transporte público.
Las unidades, fabricadas por la empresa Proterra, fueron adquiridas hace apenas tres años por los condados de Miami-Dade y Broward. En su momento, la compra fue presentada como un paso clave hacia un sistema de transporte más sostenible, eficiente y con menores emisiones contaminantes.
Sin embargo, la realidad actual dista de esas expectativas. En Miami-Dade, 69 autobuses permanecen estacionados en instalaciones como la Base de Reserva Aérea de Homestead, mientras que en Broward otras 31 unidades están almacenadas en un vertedero cercano a la U.S. 27. En ambos casos, los vehículos llevan más de un año sin operar.
Fallas técnicas y falta de soluciones
Los problemas comenzaron poco después de su puesta en funcionamiento. Según autoridades de transporte, los autobuses presentaron fallas mecánicas recurrentes que impedían completar sus rutas. Las unidades se averiaban con frecuencia, obligando a interrumpir el servicio y a remolcarlas de regreso a los garajes.
A esta situación se sumó la dificultad para obtener piezas de repuesto, un problema que se agravó tras la quiebra de Proterra en agosto de 2023. Aunque los activos de la empresa fueron adquiridos por otra compañía, el soporte técnico sigue siendo limitado, lo que ha impedido una solución rápida para la flota.
En el caso de Broward, la directora de transporte, Coree Cuff Lonergan, describió un patrón constante de fallos que hacía inviable la operación de los autobuses. Incluso unidades de otros fabricantes también presentaron problemas, lo que ha generado dudas sobre la implementación de esta tecnología en el sistema.
En Miami-Dade, el tema ha escalado al ámbito político. Los comisionados Roberto González y Natalie Milian Orbis solicitaron un informe detallado sobre el estado de la flota y las acciones tomadas por la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava. Sin embargo, el plazo para la entrega del documento venció sin resultados, aumentando las críticas por falta de transparencia.
Impacto financiero
El impacto financiero es uno de los aspectos más preocupantes del caso. Si los autobuses son retirados antes de cumplir con los requisitos establecidos, los condados podrían verse obligados a devolver parte de los subsidios recibidos. Broward ya ha solicitado una exención formal para evitar este escenario, mientras que Miami-Dade continúa explorando opciones para reparar y reactivar al menos parte de la flota.
Lo que inicialmente fue presentado como un avance hacia la sostenibilidad se ha convertido en un problema estructural para ambos condados. La combinación de fallas técnicas, falta de repuestos y dificultades administrativas ha dejado como resultado una inversión millonaria inmovilizada.
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El caso ha reabierto el debate sobre la viabilidad de la electrificación del transporte público a gran escala y la necesidad de garantizar condiciones técnicas y de soporte antes de realizar inversiones de esta magnitud. Mientras tanto, decenas de autobuses permanecen estacionados, sin prestar servicio y a la espera de una solución que aún no parece cercana.
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