Inmigrantes con “green cards”, podrían ver anulados sus documentos de acuerdo a una nueva disposición emanada de la administración Trump que establece que si la persona no puede sustentarse por sus propios medios en el país será elegible para una deportación.
El anuncio fue realizado hoy y no se tiene a la mano datos para conocer cuantas familias serían afectadas por esta medida, sin embargo la comunidad latina tiene grandes fortalezas, debido a que es la minoría poblacional que con más énfasis ha crecido en su capacidad de compra.
Desde luego la norma seguro afectará a los inmigrantes que desean llegar a suelo estadounidense, porque deberán probar que tienen los recursos necesarios que les permitan ingresar y residir en el país.
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El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer este lunes una versión de la regla, que está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país. Sin embargo el anuncio está huérfano de información en relación al presupuesto en dólares que una familia debería poseer para optar por una residencia en los Estados Unidos.
En algo más de 48 horas la normativa será publicada oficialmente en el Registro Federal el miércoles y entrará en vigor 60 días después de su publicación.
Con esta nueva regla los Estados Unidos podrán determinar si el inmigrante se ha convertido en una “carga pública” para la Administración; si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.
Es así que el gobierno, de determinar que una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas del Gobierno.
Según reportes aparecidos en medios locales, algunos grupos de defensores de los inmigrantes han salido al paso frente a esta nueva regla, de la que expresan “discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir”.
Estas organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.
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Otro grupo que podría verse afectado con la normativa, serían los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados “carga pública”, lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.
El Gobierno de Trump ya propuso en septiembre del año pasado una reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los vales de ayuda de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.
Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.
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