La abolición de la pena de muerte en algunos estados y las moratorias en la aplicación de estas sentencias en territorios como Pensilvania, están basados en las conclusiones del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, que analizó 31 años de datos criminales del FBI y concluyó que la pena capital no había contribuido de ninguna forma perceptible a la seguridad pública o de los agentes de la ley.
El sistema judicial estadounidense junto con el estrato legislativo de la nación federal, ha ido aceptando a cuenta gotas la inutilidad de la muerte como castigo y busca canales reeducativos, clínicos y sanción perpetua para los criminales que de acuerdo a los juzgados merecen la silla eléctrica o la inyección letal.
Recientemente el estado de New Hampshire se convirtió en el vigésimo primero del país en abolir la pena de muerte. A manera de compendio la lista de los abolicionistas está integrada por Alaska, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin, y el distrito de Columbia.
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Además, hay una moratoria en las ejecuciones por orden del gobernador (que duraría hasta su reversión por ellos o sus sucesores) en Oregón (desde 2011), Pensilvania (2015) y California (2019).
En Pensilvania podría abolirse si la Corte Suprema estatal atiende a la petición de dos presos que lo consideran un castigo inconstitucional por cruel e inusual.
En el resto de estados (26), la pena de muerte está en vigor, pero en la última década la han abolido nueve estados, y cada vez son más los que parecen seguir ese camino. Su aplicación se ha complicado además por las dificultades que la industria farmacéutica ha puesto para obtener los ingredientes de la inyección letal, la forma más común en que se ejecuta.
No obstante las presiones por mantener la filosofía de lex talionis, tiene en la figura del presidente Donald Trump uno de sus principales promotores. El mandatario declaró hace menos de 15 días que la pena de muerte debe ser aplicada, al menos para aquellos delincuentes que asesinen a policías.
“Las emboscadas y ataques contra nuestros policías deben terminar, y terminar ahora mismo. Creemos que los criminales que matan a oficiales de Policía deben de inmediato ser condenados a pena de muerte”, tras un juicio que, agregó, debe ser “justo pero rápido”, dijo Trump.
El Senado estatal de New Hampshire hizo historia este jueves, con el veto del gobernador, el republicano Christopher Sununu, afirmando así la decisión previa del Congreso estatal (de mayoría demócrata en ambas cámaras).
New Hampshire no ha ejecutado a ningún reo desde 1939, pero llevaba décadas intentando sin éxito abolir la pena capital: el Congreso estatal aprobó leyes en ese sentido en 2000 y 2018, pero fueron vetadas por los gobernadores (primero la demócrata Jeanne Shaheen, luego el propio Christopher Sununu). Hasta ahora.
Sólo había un preso en el corredor de la muerte, Michael Addison, sentenciado en 2009 por el asesinato a tiros de un agente de policía, Michael Briggs. Su condena no se verá afectada por este cambio legislativo, pero al no poder ser ajusticiado podría pasar de hecho a ser una sentencia de cadena perpetua en prisión.
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