Lo que hoy es un depósito vacío en el municipio de Roxbury se ha convertido en el epicentro de una demanda entre el estado de New Jersey y las autoridades federales de Estados Unidos.
La gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general Jennifer Davenport anunciaron una demanda conjunta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El objetivo es detener los planes de transformar esa estructura en un centro de detención de inmigrantes de gran escala.
Más allá del debate migratorio, las autoridades de New Jersey alegan que el proyecto se ha gestionado de forma irregular. Según la demanda, el ICE pretende operar el centro sin haber presentado soluciones a problemas logísticos críticos como servicios básicos, seguridad, entorno y la adaptabilidad del espacio.
“La seguridad y el bienestar de los habitantes de New Jersey siempre serán mi máxima prioridad, y los planes de la Administración Trump para construir un centro de detención en Roxbury no harán que nuestros residentes estén más seguros. En cambio, esta instalación sobrecargará los servicios y la infraestructura locales”, explicó la gobernadora Sherrill. “Este tipo de centros también tienen un largo historial de abusos, maltratos y condiciones inseguras. Este no es un asunto partidista: los líderes republicanos de la comunidad también se oponen a este centro. Por eso, nos unimos a Roxbury para detener este centro y proteger a la comunidad y nuestra Constitución”.
La ofensiva de New Jersey y Roxbury es un recurso ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Los abogados estatales argumentan que el gobierno federal ha ignorado leyes fundamentales de procedimiento administrativo y política ambiental (como la NEPA y la APA), además de normas de cooperación intergubernamental.
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“Hoy unimos esfuerzos para hacer cumplir la ley y proteger los derechos de todos los habitantes de New Jersey”, declaró la fiscal general Davenport. “Las leyes federales exigen (y nuestro estado y nuestros municipios lo merecen) que el DHS y el ICE consulten con el estado y el municipio sobre los proyectos importantes que se desarrollen en su territorio. En cambio, el DHS y el ICE están imponiendo una compra secreta y una renovación apresurada. No permitiremos que estos planes desacertados se lleven a cabo. Nos hemos asociado con el municipio de Roxbury, confiando en su conocimiento local fundamental y combinando eficientemente nuestros recursos para esta importante lucha bipartidista”.
Con esta acción, el estado busca una orden judicial que bloquee de inmediato la creación de este centro masivo, argumentando que la administración federal ha avanzado con el plan de espaldas a la realidad y las preocupaciones de la comunidad de New Jersey.
Las autoridades oficiales se enteraron por primera vez de los planes del DHS para el almacén de Roxbury a través de un artículo periodístico. El DHS y el ICE nunca informaron al sobre la compra y conversión planificadas hasta después de que la compra se completó, y rechazaron repetidamente los intentos de contacto.
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