El Gobierno de Canadá ha endurecido drásticamente su postura frente a la migración irregular, emitiendo una advertencia contundente a decenas de miles de personas: abandonar el territorio nacional de forma voluntaria o enfrentar la deportación hacia Estados Unidos. Esta medida, que marca un giro restrictivo en la política de acogida canadiense, surge tras la implementación de la nueva Ley C-12, diseñada para agilizar los procesos de expulsión.
El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía comenzó a principios de abril del presente año el envío masivo de notificaciones a aquellos solicitantes de refugio que cruzaron la frontera sur a partir del 3 de junio de 2025. Según estimaciones oficiales, esta disposición legal podría afectar a cerca de 30.000 personas que se encuentran en un limbo jurídico tras las reformas aprobadas en marzo pasado.
El núcleo de la controversia radica en que la Ley C-12 elimina el derecho a una audiencia ante el Consejo de Inmigración y Refugiados (CIR) para quienes ingresaron bajo ciertas condiciones de irregularidad. Anteriormente, los solicitantes tenían la oportunidad de exponer sus casos de manera individual, un proceso que garantizaba un análisis exhaustivo de los riesgos de retorno. Sin embargo, bajo la presión del Bloque Quebequés (BQ), el Parlamento optó por suprimir este paso para desincentivar lo que consideran un “efecto llamada” desde Estados Unidos.
La carta enviada por las autoridades es explícita: “Debe abandonar Canadá lo antes posible y confirmar su salida con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Si no abandona Canadá, se podrá emitir una orden de deportación”.
La respuesta de los defensores de derechos humanos no se ha hecho esperar. Abogados de inmigración consultados por el diario The Globe and Mail han manifestado su profunda preocupación por el destino de estas familias. Al ser devueltos a territorio estadounidense, muchos migrantes corren el riesgo de ser detenidos de inmediato por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), enfrentando procesos de expulsión a sus países de origen en condiciones de mayor vulnerabilidad.
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Incluso, algunos juristas han denunciado que las misivas del Ministerio contienen “declaraciones falsas” o engañosas que buscan coaccionar a los extranjeros para que renuncien a sus derechos remanentes.
Con la eliminación de las audiencias para quienes solicitaron refugio un año después de su llegada (aplicable a entradas posteriores a junio de 2024), Canadá cierra una de las puertas que históricamente la posicionaron como un refugio seguro, priorizando ahora la celeridad administrativa sobre el derecho al debido proceso migratorio.
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