Un juez de Florida dictaminó que la prohibición del aborto en este estado después de las 15 semanas de embarazo viola la constitución estatal. Por esa razón emitió una orden para bloquear temporalmente la entrada en vigor este viernes 1 de julio de la medida.
John C. Cooper, juez de circuito del condado de Leon ubicado al norte del estado, lugar donde se interpuso una demanda a nombre de varias organizaciones proaborto, concluyó este jueves 30 de junio que la nueva ley HB 5, de nombre “Ley de Reducción de la Mortalidad Fetal e Infantil” y promulgada a principios de este año, viola la constitución de Florida.
El juez, quien escuchó las declaraciones finales de los abogados que representan a un grupo de proveedores de atención de la salud reproductiva, dijo que su fallo entraría en vigor solo después de que emita una orden por escrito, por lo que la ley aún podría activarse este viernes, como está programado.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió el pasado lunes 27 de junio en la referida corte de Florida, en nombre de varias organizaciones, que bloqueara la entrada en vigor este 1 de julio de la nueva ley estatal que “prohibiría el aborto después de las 15 semanas de embarazo y amenazaría con encarcelar a los médicos por brindar atención esencial”, según indicó ACLU en un comunicado.
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En la demanda, ACLU representa a la organización Planned Parenthood que ofrece servicios vitales de salud reproductiva, educación sexual e información sobre sexualidad a millones de personas en todo el mundo.
Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Federation of America, dijo a través de un comunicado que “hoy en Florida hay un rayo de esperanza para el acceso al aborto: una vez que la Corte emita su orden, los floridanos seguirán teniendo acceso a la atención protegida por la Constitución de su estado. Continuarán pudiendo decidir qué es lo mejor para sus propios cuerpos, vidas y futuros, sin interferencias políticas”.
El pasado 14 de abril, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la HB 5, que reduce de 24 a 15 semanas el periodo en que una mujer embarazada puede interrumpir legalmente su embarazo y solo contempla dos excepciones: que la vida de la madre corra peligro y que el feto tenga malformaciones.
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La nueva legislación establece que para que una mujer pueda interrumpir su embarazo en los supuestos contemplados, dos médicos deben certificar que es necesario, algo que los legisladores demócratas trataron, sin éxito, de cambiar a solo un médico.
El fallo de este 30 de junio se produce una semana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe v. Wade, el derecho nacional al aborto de casi 50 años que la mayoría consideraba como una ley establecida. La mayor instancia judicial del país pone ahora la decisión sobre el aborto en manos de las legislaturas estatales.
El fallo señala que la Constitución “no otorga” este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al “pueblo” y sus “representantes electos”.