Un cuestionado centro de detención de Homestead, al sur de Miami, se convirtió en centro de una polémica este martes 23 de febrero cuando grupos de derechos civiles de Florida increparon la intensión del Gobierno nacional de reabrir dichas instalaciones que llegaron a albergar a unos 2.500 niños inmigrante y que fue cerrado en 2019 por la administración de Donald Trump luego de presiones de varias organizaciones de derechos humanos.
En un comunicado la directora de American Friends Service Committee (AFSC), Lis Marie Alvarado, calificó de indignante la iniciativa sobre una reapertura del centro señalado como cruel e ilegal por parte de Amnistía Internacional (AI).
Alvarado criticó que mientras el presidente Joe Biden pide la unidad familiar, al mismo tiempo pretenda abrir un centro de detención que fue cerrado debido a las condiciones de hacinamiento y la ausencia de un plan de seguridad y evacuación en caso de huracanes.
“La detención de niños inmigrantes es una práctica repugnante, moralmente indefendible que debe terminar”, dijo por otro lado Oliver Torres, miembro de la organización Southern Poverty Law Center (SPLC).
“Estamos profundamente decepcionados de que la Administración (de Joe Biden) esté lista para reabrir esta prisión, especialmente mientras hay disponibles opciones más humanas”, acotó.
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Las organizaciones citaron versiones de prensa sobre la reapertura del centro de detención de Homestead, ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Miami y que fue uno de los más grandes del país.
En medio de esta polémica, el Departamento de Salud de Estados Unidos no ha informado oficialmente sobre la reactivación del lugar. Mientras que el Partido Demócrata de Miami-Dade indicó en un comunicado que el centro de detención debe permanecer cerrado. “Los activistas de Miami-Dade lucharon incansablemente para cerrar esta instalación. Instamos a la administración de Biden reconsiderar su reapertura“, destaca el texto de dicho comunicado.
Lis Marie Alvarado, en nombre de las organizaciones de derechos civiles refirió que todos entienden los inconvenientes de albergar a menores no acompañados durante la pandemia, pero destacan que una prisión no es la alternativa más adecuada.
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