Redacción Agencias.- Cinco países latinoamericanos y Canadá hicieron oficial una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU una carta sellada por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte con sede en La Haya.
La misiva, remitida a la CPI, va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales.
Entre esos documentos, que ya son públicos, figura un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales de entre abril y julio de 2017.
También otro redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que concluyó que existía un “fundamento razonable” para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad.
El canciller peruano, Néstor Popolizio, destacó que, de comprobarse varios de los elementos contenidos en esos documentos, “quedarían claramente configurados los crímenes de lesa humanidad”.
Popolizio insistió en que en Venezuela “no solo no existe la democracia, sino que impera un mecanismo de dictadura”.
En la presentación de la carta ante los medios estuvieron también presentes la titular de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; el argentino, Jorge Faurie; el chileno, Roberto Ampuero; el paraguayo, Luis Alberto Castiglioni; y, aunque llegó con algo de retraso, el colombiano, Carlos Holmes Trujillo.
Este recordó que la acción ante la CPI era algo que ya había anticipado el presidente colombiano, Iván Duque, cuando era senador, con una acción parecida apoyada por congresistas colombianos y chilenos.
La demanda de los cinco países latinoamericanos, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países.
