La Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU por sus siglas en inglés), tiene claro que si la corte determina que los fondos que usa la Administración Trump para edificar el muro son “ilegales desde la ONG pedirán que se derribe lo que se haya construido hasta el momento.
Es así que los abogados que han llevado a tribunales el determinar la legalidad de los fondos destinados por el Gobierno de Donald Trump a construir un muro fronterizo con México, un proyecto que ya está en marcha, están urgiendo al poder judicial en la toma de una decisión.
Dror Ladin, abogado de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU., pidió a la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones que lleva el caso que tome una decisión “tan rápido como pueda” para evitar que, en caso de un fallo favorable a sus intereses, la construcción haya avanzado más.
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La urgencia fue argumentada por Dror Ladin tras explicar que “estamos yendo a contrarreloj para prevenir daños irreversibles a la Constitución, el medio ambiente y las comunidades fronterizas por parte de la obsesión xenófoba de Trump con el muro. Si las cortes permiten que el presidente se salga con la suya con este abuso de poder, otros le seguirán sin que se pueda impedir”.
El pasado julio, en una ajustada votación, los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo se impusieron a los cuatro progresistas y dieron un visto bueno temporal al Gobierno para la utilización de 2.500 millones de dólares procedentes de las arcas del Pentágono para la renovación del muro fronterizo con México.
Ese presupuesto estaba inicialmente destinado a combatir el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur.
Es precisamente la desviación de fondos lo que los demandantes alegan que es ilegal, al considerar que el Ejecutivo no puede modificar de esta forma una decisión tomada por el poder legislativo, ya que fue el Congreso el responsable de aprobar el presupuesto federal.
La decisión del Supremo, sin embargo, no es definitiva, y solo tumba la prohibición de que el Gobierno use los 2.500 millones para la construcción del muro tal y como había impuesto un tribunal inferior, pero no entra a valorar la legalidad de la desviación.
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Así, aunque por el momento el Ejecutivo puede proceder con la construcción -tal y como está haciendo- sigue pendiente de la decisión final que tome el Noveno Circuito de Apelaciones, que podría hallar ilegal la desviación del presupuesto y por tanto obligar a parar las obras.
Es previsible, especialmente dado su fallo de julio, que en caso de que el Noveno Circuito fallase en contra de los intereses de la Casa Blanca, esta lleve el caso al Supremo para que tome una decisión definitiva.
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