El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, con los votos de legisladores republicanos y demócratas, un proyecto de ley para reimponer sanciones al Gobierno de Venezuela. Tras la medida, resta esperar que el planteamiento sea elevado a la plenaria de la Cámara de Representantes para su votación final.
La resolución del proyecto ocurre un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro arreció la persecución contra integrantes del partido Vente Venezuela, el cual es liderado por la candidata unitaria María Corina Machado. Por ahora suman siete las detenciones ordenadas por el Ministerio Público contra el comando de campaña de la dirigente opositora.
El objetivo del proyecto HR6831 introducido en diciembre de 2023 por la legisladora por Florida María Elvira Salazar y otros siete congresistas, entre ellos republicanos y demócratas, es reactivar y extender hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia de la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo (VERDAD) para Venezuela.
🚨 @HouseForeignGOP just passed my VERDAD Reauthorization Act to reauthorize sanctions on the Maduro regime!
Yesterday’s injustice shows us that the United States cannot deal with Maduro or his lackeys nicely. Time to fight fire with fire.
CC: @SenMarcoRubio @RepDWStweets pic.twitter.com/acIvps5NOe
— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) March 21, 2024
En un comunicado publicado luego de la aprobación del proyecto en el comité, por la congresista Salazar y el senador Marco Rubio, ambos republicanos y de origen cubano, se mencionan las recientes detenciones de colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición para las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela para el 28 de julio de 2024.
Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta 2036 por una decisión administrativa de un ente oficialista, que fue ratificada en enero pasado por el Tribunal Supremo de Venezuela, ha seguido adelante con su campaña pese a esa traba legal que ha sido rechazada por la oposición y criticada por varios países y organizaciones internacionales.
Salazar y Rubio han puntualizado que el Gobierno venezolano ha violado descaradamente los términos del Acuerdo de Barbados, suscritos en 2023 por el Gobierno y la oposición de Venezuela de cara a garantizar unas elecciones libres y justas, al prohibirle participar en las próximas elecciones a María Corina Machado.
“Reautorizar la Ley Verdad, que expiró en 2019, es de vital importancia para garantizar que el narco régimen de Maduro rinda cuentas por sus crímenes”, completaron.
La ley Verdad se adoptó para apoyar los esfuerzos orientados a restablecer la democracia en Venezuela mediante sanciones a funcionarios clave del régimen y al mismo tiempo salvaguardando los derechos y libertades de quienes escapan de la persecución en ese país, según reza el comunicado de Salazar y Rubio, los cuales instaron a sus colegas en las dos cámaras a apoyar la iniciativa para reactivarla.
El gobierno de Estados Unidos, que en 2023 alivió en parte y temporalmente las sanciones a Venezuela aunque ha advertido que puede no renovar esa medida cuando expire en abril próximo si el Gobierno de Maduro no cumple con los acuerdos de Barbados, condenó el pasado miércoles 20 de marzo las detenciones de opositores venezolanos.
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“Los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Pedimos la liberación inmediata de estas personas y de todos los detenidos injustamente”, indicó a través de la red social X el encargado del Departamento de Estado estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
El pasado 6 de marzo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó por un año más la declaración de “emergencia nacional” respecto a Venezuela dictada en 2015, por considerar que la situación en ese país representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.
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