El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este viernes una de las leyes más estrictas en Estados Unidos contra las llamadas ciudades “santuario”, que protegen a los indocumentados, y que obliga a las policías locales a cooperar con las autoridades migratorias para lograr su deportación.
El republicano aseguró durante la firma de la iniciativa que estaba dando cumplimiento de una de sus promesas de campaña de “luchar contra la inmigración ilegal”.
El proyecto, aprobado en abril de 2018 por el Legislativo de Florida de mayoría republicana, entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio y otorga tres meses de margen a las autoridades policiales para ponerlo en marcha.
Iniciativas similares habían fracasado en años anteriores en el Legislativo de Florida, pero logró un gran impulso con la llegada al poder de DeSantis.
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El gobernador de Florida, aliado de la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, firmó la ley pese a la resistencia y protestas de grupos pro-inmigrantes que se desplazaron a Tallahassee, la capital estatal, durante varias semanas para mostrar su rechazo durante su trámite legislativo.
Earlier this year, I made a promise that we would ban sanctuary cities in Florida and today we are delivering on that promise. I am proud to sign the bill presented to me by the FL Legislature to uphold the rule of law and ensure that our communities are safe. pic.twitter.com/xKQDOPRBHx
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 14, 2019
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC por sus siglas en inglés) lamentó la promulgación de la ley en un estado con un 20 % de población inmigrante y anunció que “podría haber desafíos legales” para su implementación.
El Southern Poverty Law Center (SPLC) considera que se trata de una ley “inconstitucional” que obliga a las policías a “detener sin causa probable” a personas para entregarlas a las autoridades federales de inmigración.
“Viola la Cuarta Enmienda, que prohíbe la captura sin razón, conducirá a la violación de los derechos constitucionales y someterá a costosos litigios” a las autoridades locales, manifestó en un comunicado Scott McCoy, directivo de SPLC.
Las organizaciones criticaron los polémicos “detainers” de ICE, como se conocen las detenciones ordenadas por esa agencia federal, mediante las cuales las policías locales retienen a indocumentados que suelen ser arrestados por delitos menores durante más del tiempo establecido por la ley, sin la orden de un juez o la fiscalía, y con el propósito de su deportación.
La nueva ley obliga a que todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía no solo cumplan con la ley federal de inmigración, sino que también trabajen con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
DeSantis criticó las llamadas ciudades “santuario” al señalar que se trata de jurisdicciones “libres de ley” que son aprovechadas por inmigrantes indocumentados para cometer crímenes.
“Es una gran ley que hará más segura a Florida”, expresó el senador estatal republicano Joe Gruters uno de los impulsores de la medida, durante la ceremonia en la que DeSantis la hizo ley.
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