Exmagistrados de Nueva Jersey, en conjunto con más de 60 jueces retirados de 22 estados de la Unión, solicitaron por escrito a las autoridades migratorias suspender los arrestos de indocumentados en las adyacencias de las cortes de justicia.
El argumento esgrimido por los letrados en condición de jubilación, es que el ejercicio de la justicia debe estar libre del “temor a represalias” para que la jurisprudencia brinde seguridad legal a los débiles en derecho y a los necesitados de juicio.
Sesenta y ocho exmagistrados dieron forma y contenido a una misiva que remitieron al director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Ronald Vitiello, en la que pidieron se incluya a los tribunales estatales y locales en la lista de “lugares sensibles” para que los agentes se abstengan en realizar detenciones en estos lugares.
De acuerdo a la sabiduría de los jurisconsultos las acciones de ICE en los tribunales impacta de forma significativa en la administración de justicia y la seguridad pública, ya que los inmigrantes están evitando asistir a las cortes por miedo a estos operativos.
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“Sabemos que los jueces simplemente no pueden hacer su trabajo y nuestro sistema de justicia no puede funcionar efectivamente si las víctimas, los acusados, los testigos y los miembros de la familia no se sienten seguros para acceder a las cortes”, dice la carta.
La petición extiende una invitación a Vitiello a reunirse con una delegación de los magistrados para discutir en profundidad el tema.
Entre los jueces que firman la petición se encuentran jueces retirados de sectores conservadores como los estados de Texas, Idaho, Arizona, y Iowa, entre otros.
De acuerdo a los juristas las acciones del ICE están haciendo mella en casi la mitad de los estados de la Unión y la carta detalla el aumento de operativos de persecución y arresto de inmigrantes en las perimetrales de las costes de Arizona, California, Connecticut, Colorado, Illinois, Florida, Maine, Massachusetts, Michigan, Minesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Washington.
El documento que posee una profundidad legal y un magnífico bagaje en términos del conocimiento en el área de impartir justicia, apunta que entre las personas arrestadas “hay sobrevivientes de violencia doméstica, padres que buscan proteger a sus hijos de condiciones inseguras e incluso ICE habría arrestado a víctimas de tráfico humano”, hecho que obstruye al menos la quinta, sexta y séptima enmienda constitucional.
Frente a hechos y circunstancias actuales en materia de políticas migratorias, los jueces advirtieron debe prevalecer el sentido de justicia para todos, y los tribunales deben brindar seguridad al público en general.
No obstante entienden que ICE y sus agentes tienen la obligación de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Entre los argumentos, los jueces presentan las cifras de disminución desproporcionado del número de denuncias en comunidades de California y Texas, advirtiendo que “la renuencia generalizada a denunciar un delito protege tanto los incidentes existentes como de la persecución y puede hacer que aumenten las tasas de delincuencia”.
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