La confrontación entre la ciudad de Miami Beach y los propietarios de algunos cafés que operaban al aire libre promete ser una larga batalla que se librará en los juzgados.
Hace algunas semanas la ciudad insular del sur de Florida le negó la renovación de los permisos para funcionar a 13 establecimientos. El Ayuntamiento alegó incumplimiento de las normas, quejas y críticas desfavorables en las plataformas online. Los negocios que formaban parte del pasaje de Lincoln Road, Ocean Drive y South Beach ya no podrán abrir sus puertas a partir del 30 de noviembre.
Sin embargo, ahora dos de los comercios afectados, situados en Lincoln Road, demandaron a la ciudad de Miami Beach por una nueva ordenanza que impone mayores requisitos para funcionar. Los restaurantes estilo español, Tapelia y Ole Ole impugnaron la constitucionalidad de la medida.
En una demanda presentada en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, los abogados de ambas empresas argumentaron que el nuevo proceso de revisión de permisos es “excesivamente vago” y otorga a la administradora de la ciudad (Alina Hudak) una “discreción desenfrenada” para negar las solicitudes de permiso sobre la base de antiguas violaciones, malas críticas en línea o cualquier otro criterio que ella elija.
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Antes de que se pusiera en práctica la nueva leu, para otorgar un permiso y operar al aire libre, sólo se requería presentar los planos del sitio y el pago de cualquier tarifa pendiente. El último permiso negado data del año 2018.
Una inversión en peligro
Los demandantes sostienen que debido a esta práctica histórica, los comercios invirtieron millones de dólares, pues confiaban en que les otorgarían el permiso para funcionar. Ahora los representantes legales de ambos cafés solicitaron al tribunal que suspenda de manera temporal la medida hasta que concluya la demanda.
Aseguran que de lo contrario más de 100 empleados serán despedidos en plena temporada navideña. “Este es el regalo de Thanksgiving que la ciudad le está dando a 100 familias”, le comentó al medio local Miami Herald, Gabriela Hernández, gerente supervisora de ambos restaurantes.
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El fiscal adjunto de la ciudad, Robert Rosenwald, dijo en un comunicado que los permisos para funcionar en las calles son un privilegio en función de si los operadores cumplen con los objetivos de la ciudad para el programa de cafés en las aceras. Insistió en que la comisión municipal aprobó un código de conducta en 2019 el cual señala que los operadores de negocios deben mostrar los precios reales de los artículos en el menú y revelar si la propina está incluida. Al parecer tal requisito se quebrantaba.
Cerca de 30 empleados que están a punto de ser despedidos protestaron frente al Ayuntamiento. Mostraron carteles para solicitar a las autoridades de la ciudad que reconsidere la medida. Señalan que los cierres de los negocios equivalen a una sentencia de muerte.
Del otro lado, aparecen grupos comunitarios que aplauden las medidas para sanear la ciudad de prácticas que son cuestionadas por los ciudadanos. Por ahora la guerra entre los cafés al aire libre y Miami Beach se desarrolla en los tribunales, en una novela que podría tener varios capítulos.
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