Los herederos de una familia cubana a la que le fueron confiscados bienes en Cuba tras la revolución de 1959, y una empresa multinacional suiza de materiales de construcción llegaron al primer acuerdo de indemnización bajo una ley estadounidense que desde 2019 permite demandas a terceros que usufructúen ese tipo de propiedades.
Esta es la primera resolución de una demanda judicial bajo el denominado Título III de la Ley Helms Burton de 1996 o Ley Libertad, que fue activado por la Administración de Donald Trump.
La compañía LafargeHolcim consintió resolver la querella pagando una indemnización cuyo monto no fue difundido, con la familia Clafin, que iniciaron una demanda ante una Corte del Sur de Florida en octubre de 2020 por hacer negocios utilizando bienes que les expropiaron en Cuba.
La jueza Aileen Cannon concedió plazo hasta el próximo 28 de junio para que ambas partes muestren en el tribunal el acuerdo. En caso contrario la empresa LafargeHolcim deberá responder a la demanda antes del 12 de julio del presente año, según indican los archivos judiciales a los que tuvieron acceso agencias internacionales de noticias.
Desde que se activó el Título III de la Ley Helms Burton, según el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, por lo menos 37 demandas han sido interpuestas en cortes estadounidenses contra empresas, especialmente del ramo turístico y muchas de ellas compañías hoteleras españolas.
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“Se trata de una victoria para la libertad, para los derechos de propiedad, y debería servir como elemento disuasorio para todos los que están contemplando entrar o mantener una relación de complicidad con una dictadura brutal”, dijo el director de la organización Patria de Martí con sede en Miami, Julio Shiling, sobre el citado acuerdo.
Shiling indicó que en el año 2000 la multinacional suiza realizó inversiones en la planta de cemento propiedad de los demandantes, que luego de la llamada revolución cubana fue rebautizada con el nombre de Carlos Marx.
Esta querella es una de las de mayor cuantía entre más de 5.900 demandas de este tipo que están certificadas por el Gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con datos del Consejo Comercial y Económico EE.UU-Cuba.
El director de la organización Patria de Martí, refirió que el reclamo original es por más de 7,5 millones de dólares, pero de acuerdo con los criterios de adjudicación del Título III el acuerdo podría triplicar los daños, entonces habría que agregar intereses anuales y costo de abogados, con lo que el monto superaría los 140 millones de dólares.
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