Florida dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su política de seguridad educativa con la firma de la ley HB 757, una normativa que amplía las medidas de protección escolar hacia los colegios y universidades públicas del estado. La iniciativa, promulgada por el gobernador Ron DeSantis incorpora nuevas obligaciones para las instituciones de educación superior y extiende el alcance del programa de guardianes creado tras el ataque ocurrido en Parkland en 2018.
La firma se produjo durante la quinta edición del Commissioner’s Summit sobre seguridad escolar y protección estudiantil, donde autoridades estatales defendieron el modelo implementado por Florida como uno de los más estrictos del país en materia de prevención y respuesta ante amenazas dentro de entornos educativos.
La nueva legislación llega en medio de un escenario nacional marcado por el debate sobre el control de armas, la seguridad en centros educativos y la capacidad institucional para responder ante situaciones de violencia masiva.
Uno de los cambios más relevantes de la HB 757 consiste en incorporar a las universidades y colegios públicos al esquema de protección reforzada que hasta ahora estaba concentrado principalmente en escuelas primarias y secundarias.
La norma también fortalece el papel de las oficinas de sheriff, que asumirán mayores responsabilidades en la formación, evaluación y supervisión del personal autorizado para desempeñar funciones de seguridad armada dentro de los campus.
El eje del sistema continúa siendo el Programa Guardian, instaurado tras la aprobación de la Ley de Seguridad Pública Marjory Stoneman Douglas luego del tiroteo en Parkland.
Guardianes armados y respuesta ante emergencias
La expansión del programa permitirá que personal entrenado pueda desempeñarse como guardián armado también en instituciones de educación superior. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta frente a posibles atacantes activos y mejorar la coordinación ante escenarios de emergencia.
Para participar del sistema, los aspirantes deberán atravesar un proceso de selección que incluye evaluaciones psicológicas, controles antidrogas y más de 144 horas de entrenamiento intensivo. La preparación contempla manejo de armas, tácticas operativas, intervención en crisis y protocolos de actuación.
La ley además exige que las universidades implementen planes específicos de respuesta ante emergencias, creen equipos especializados para identificar amenazas y establezcan mecanismos de reunificación familiar para actuar después de un incidente.
Otro punto destacado es el endurecimiento de sanciones penales vinculadas a hechos de violencia cerca de instituciones educativas. La legislación tipifica como delito grave de segundo grado realizar disparos dentro de un radio de 305 metros de una escuela.
Durante el acto de promulgación, DeSantis sostuvo que el estado ha logrado avances sostenidos en la implementación de políticas orientadas a proteger a estudiantes y personal educativo, y afirmó que la nueva legislación eleva los estándares y mejores prácticas de seguridad.
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El comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, señaló que la expansión busca incorporar herramientas adicionales de protección y reforzar la confianza de estudiantes y familias.
El respaldo institucional también fue expresado por Ryan Petty, presidente de la Junta Estatal de Educación y padre de una de las víctimas del ataque en Parkland, quien destacó el posicionamiento del estado en materia de seguridad escolar.
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