Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos autorizó que el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en Florida, continúe en funcionamiento y reciba nuevos detenidos, al revertir una orden judicial previa que había dispuesto su cierre temporal.
La decisión judicial responde a una disputa legal impulsada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes argumentaban que la instalación debía someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de su construcción, al encontrarse en la zona de los Everglades, un ecosistema sensible y de gran biodiversidad.
Sin embargo, la Corte determinó que los demandantes no lograron demostrar que el centro estuviera bajo control federal, condición necesaria para exigir dicho análisis ambiental. En su fallo, los jueces concluyeron que la instalación es financiada con recursos estatales, lo que exime el cumplimiento de ciertas normativas federales en esta materia.
La orden de cierre había sido emitida en agosto por la jueza de distrito Kathleen Williams, pero quedó suspendida mientras avanzan los procesos legales. Con esta nueva resolución, el centro permanece operativo.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha defendido el proyecto desde su inicio, asegurando que fue financiado con fondos estatales y construido con rapidez para responder a la presión migratoria.
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Por su parte, organizaciones como Friends of the Everglades han criticado la falta de transparencia sobre el número de detenidos y las condiciones del lugar. Sus representantes anunciaron que continuarán la batalla legal para lograr el cierre definitivo del centro, al que consideran perjudicial para el medio ambiente.
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