La Comisión de Miami-Dade dio un paso decisivo al aprobar en primera votación el presupuesto de USD 14.300 millones para el ejercicio fiscal de 2027. La medida, impulsada por la alcaldesa Daniella Levine Cava tras una maratónica jornada de debate de nueve horas, contempla una serie de recortes en el transporte público que han encendido la alarma entre los residentes que dependen diariamente de estos servicios para desplazarse hacia sus lugares de trabajo, según informó el Miami Herald
El plan contempla la eliminación definitiva de 12 rutas de autobús a partir de este otoño, además de la suspensión de los recorridos previos a las 6:00 de la mañana y la reducción del servicio posterior a las 10:00 de la noche en casi tres docenas de líneas.
Aunque la administración condal estima que la supresión de estos trayectos generará un ahorro cercano a los 9 millones de dólares, usuarios y activistas comunitarios cuestionaron duramente el impacto social de la medida durante la audiencia pública. De no haber cambios, las restricciones entrarán en vigor tras la segunda y definitiva votación fijada para el jueves 17 de septiembre.
Durante la sesión, defensores del transporte expusieron historias impactantes de trabajadores nocturnos y guardias de seguridad que corren el riesgo de perder sus empleos si se eliminan las rutas de madrugada, al no contar con otras alternativas asequibles.
Frente a estos reclamos, la alcaldesa Daniella Levine Cava volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de subir la tarifa del transporte público de 2,25 dólares a 2,75 dólares, incrementar el impuesto a la gasolina y reestructurar programas de traslados privados como MetroConnect, con el fin de recaudar unos 26 millones de dólares anuales que permitan oxigenar el sistema.
Presión presupuestaria y reservas en mínimos históricos
El panorama financiero de Miami-Dade se presenta complejo más allá del próximo año. Aunque las cuentas permanecen equilibradas para 2027 gracias al aumento en ingresos no tributarios provenientes del aeropuerto, el puerto y un ajuste del 6% en la tarifa de agua, las proyecciones anticipan severos déficits a partir de 2028 debido al alza en los costos salariales y la desaceleración del mercado inmobiliario.
A este complejo escenario se suma la amenaza del impacto fiscal derivado de la Enmienda 3 en Florida. Según estimaciones del condado, de ser aprobada dicha iniciativa, Miami-Dade podría perder aproximadamente 700 millones de dólares anuales en impuestos a la propiedad para 2029, lo que representaría una disminución del 20% respecto a la recaudación actual por ese concepto.
Para amortiguar los gastos inmediatos, el condado utilizará una reserva de 89 millones de dólares originariamente destinada a futuros proyectos ferroviarios, fondos que quedarán prácticamente agotados en 2028.
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El director de presupuesto, Ray Baker, advirtió a los comisionados sobre la fragilidad del fondo de emergencia del condado, situándose por debajo de los 90 millones de dólares, una cifra alarmante frente al nivel recomendado de 500 millones de dólares para hacer frente a contingencias o desastres naturales como los huracanes. El destino definitivo de estas partidas se resolvió el jueves 17 de septiembre en la audiencia pública final.
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