La Comisión Municipal de Miami aprobó una polémica ordenanza que permitirá a las autoridades policiales arrestar a las personas que duerman o acampen en la vía pública, siempre que se les otorgue una advertencia verbal previa. La medida, que salió adelante con tres votos a favor y dos en contra, entrará en vigor en diez días a menos que sea vetada por la alcaldesa Eileen Higgins.
Esta resolución ha reavivado una intensa discusión sobre la manera en que la ciudad aborda la falta de vivienda, dividiendo opiniones entre quienes sostienen que se trata de una regla para mantener el orden y la seguridad, y quienes consideran que criminaliza un problema social.
El nuevo reglamento suprime dos exigencias vigentes hasta ahora en la ciudad: el aviso escrito y el plazo de 24 horas para retirar pertenencias. Además, la norma elimina las multas. La ordenanza define como campamento el acto de dormir en propiedad pública en tiendas, bajo cartón o manta, o acumular más bienes de los que quepan en una caja, alineándose con la ley estatal aprobada el año pasado.
La iniciativa fue impulsada por el comisionado Rolando Escalona, cuyo distrito abarca Little Havana y Brickell, quien sostuvo que busca vincular a estas personas con recursos disponibles.
En la versión final se exige dar un aviso verbal y otorgar un tiempo razonable para despejar el lugar. El abogado de la ciudad, George Wysong, explicó que dicho margen dependerá del volumen de objetos de cada persona.
La votación evidenció tensiones políticas; votaron a favor Escalona, Miguel Ángel Gabela y Ralph Rosado; en contra lo hicieron Christine King y Damian Pardo, quien calificó la medida como una pendiente resbaladiza. King cuestionó la ambigüedad del plazo, aunque una versión previa era más severa al no contemplar advertencias.
Debate sobre capacidad de refugios y costo económico
La ley prohíbe los arrestos si no hay plazas libres en albergues, por lo que el agente debe verificar disponibilidad, ofrecer la cama y comprobar su rechazo. Sin embargo, la capacidad es acotada; Homeless Trust abrirá un refugio de 80 camas en Gladeview, pero más de 605 personas pernoctaban en las calles en enero. Una encuesta de la Universidad de Miami señaló que el 28% rechazaría ir a un refugio por juzgarlo inseguro o restrictivo.
Mientras el jefe policial Edwin López recordó que este año solo dos personas fueron arrestadas, defensores como David Peery, de la Coalición de Miami para el Avance de la Equidad Racial, afirman que la regla acelerará las detenciones.
Peery argumentó que encarcelar cuesta 304 dólares diarios por recluso, frente a los 80 dólares de una vivienda permanente. Además, advirtió sobre el rápido crecimiento del grupo de mayores de 65 años sin techo y con problemas de salud.
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En las audiencias, las opiniones ciudadanas se mostraron divididas entre quienes creen que la medida empeora la situación y quienes piden elevar los estándares de atención. El corredor Michael Nezeza apuntó que Miami intenta evitar el escenario de Los Angeles o New York.
Por su parte, afectados como Latoya criticaron la amenaza penal por considerar que los antecedentes bloquean el empleo y el alquiler. Ahora todo depende del posible veto por parte de la alcaldesa Higgins, cuyo plazo de definición vence en diez días para determinar la entrada en vigor definitiva de esta discutida ordenanza municipal.
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