La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó por una mayoría de cuatro votos contra uno el avance de una polémica ordenanza que busca modificar el protocolo vigente ante la presencia de campamentos en la vía pública.
La medida, impulsada por el comisionado Rolando Escalona, elimina dos protecciones principales que impiden el arresto inmediato de personas que duermen en las calles. El proyecto todavía debe superar una segunda votación antes de convertirse oficialmente en ley local.
El debate surge en un contexto complejo. Según el Homeless Trust, en enero de 2026 se registraron 605 personas durmiendo en las calles de Miami, más de la mitad de la población sin techo del condado. Ante esta realidad, la comisión discutió cómo aplicar la prohibición estatal de acampar en espacios públicos del territorio.
Hoy, si un agente encuentra a alguien violando la prohibición, debe emitir una advertencia escrita y dar tiempo para recoger pertenencias antes del arresto.
La ordenanza propuesta elimina ambos requisitos, permitiendo la acción policial de forma inmediata. La única comisionada que votó decididamente en contra de la norma fue Christine King.
El impacto legal y social de la medida
Según la regulación, una persona mantiene un campamento si duerme en carpas, bajo cartones o mantas, o si acumula pertenencias que superen los tres pies cúbicos, equivalentes a unos ochenta y cinco litros de volumen.
No obstante, la policía no podrá arrestar si no hay camas de refugio disponibles, manteniendo la ley estatal HB 1365 como marco de referencia obligatorio. Esta ley, aprobada en 2024, prohíbe los campamentos públicos, pero no especifica su ejecución.
El jefe policial, Edwin López, respaldó la ordenanza señalando que da opciones alternativas, tras registrar solo dos arrestos por esta causa.
La propuesta enfrenta un fuerte rechazo social. Matthew Pastewski, estudiante de medicina en la Universidad de Miami y miembro activo de Miami Street Medicine, advirtió preocupado que los detenidos pierden frecuentemente sus medicamentos e identificaciones esenciales, saliendo de la cárcel mucho más enfermos. “Nadie elige ser indigente”, afirmó rotundamente.
Asimismo, Ron Book, presidente del Homeless Trust, señaló que arrestar a personas por su condición de indigencia es una forma totalmente improductiva de abordar el problema.
Actualmente, la red de refugios opera al límite y ochenta nuevas camas de emergencia están por habilitarse sin fecha confirmada aún. Un estudio universitario encontró que el 28% de los desamparados rechazaría ir a un albergue por sentirse inseguros o excesivamente restringidos allí.
Para mitigar la problemática, existen valiosos recursos institucionales como el Programa de Asistencia para Personas sin Hogar (MHAP), situado en la calle 111 NW 1st Street, el Proyecto Lázaro para atención médica y psiquiátrica callejera, y diversos programas destinados a veteranos. También se ofrece asistencia con la documentación y planes de reubicación nacional.
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Por otra parte, opera el Centro de Atención sin Cita en Miami Beach, que atiende de lunes a viernes, junto a la línea telefónica de ayuda del condado de Miami-Dade. Sin embargo, la alarmante escasez de plazas disponibles representa el obstáculo y límite real que la propia propuesta reconoce.
Sin plazas de albergue no habrá detenciones viables, lo que deja una profunda interrogante abierta en el panorama político, determinar con certeza si criminalizar el hecho de dormir en la calle logrará reducir eficazmente la indigencia en el municipio o si, por el contrario, simplemente terminará desplazándola hacia otras zonas del sur de Florida.
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