Una grieta legal va a ser explorada por la Corte Suprema de Connecticut que admitió una demanda contra un fabricante de armas que de acuerdo a los querellantes realiza prácticas de mercadeo que podrían influir en la compra de armas con las que perturbados mentales han perpetrado homicidios masivos en los Estados Unidos.
El alto tribunal del quinto estado de la Unión abrió la puerta en Estados Unidos a denunciar a fabricantes de armas por un tiroteo tras la decisión de readmitir una demanda de víctimas de la masacre de Sandy Hook , desestimada previamente en una instancia inferior por la inmunidad federal de la que gozan estas empresas.
El alto juzgado estatal decidió este jueves readmitir una demanda de los familiares de víctimas del tiroteo ocurrido en 2012 en una escuela de Newtown (Connecticut) contra el fabricante Remington por su márketing del rifle semiautomático Bushmaster AR-15, una de las armas utilizadas por el joven Adam Lanza, responsable del crimen.
Bushmaster Firearms International, es la empresa con sede en Madison, Carolina del Norte , Estados Unidos, fabricante y distribuidor de armas de fuego que estará bajo escrutinio judicial. La línea de productos de la compañía gira en torno a las variantes de pistola y rifle semiautomáticas del diseño M4 / AR-15.
El abogado de las familias, Johsua Koskoff, citado por medios locales, indicó que la meta era revelar la “estrategia de Remington, calculada y basada en el beneficio, para expandir el mercado de las AR-15 y atraer a usuarios de alto riesgo a expensas de la seguridad de los estadounidenses”, por lo que se ha dado un “gran paso”.
El 14 de diciembre de 2012, Lanza, de 20 años, mató a su madre en casa y después fue a la escuela primaria Sandy Hook, donde mató a veinte niños y seis adultos con un rifle semiautomático Bushmaster AR-15, entre otras armas, antes de suicidarse.
Bushmaster Firearms sostiene una campaña publicitaria con la que se han criado los niños de la nación que asegura que quien es portador de un rifle AR-15 “actualiza su tarjeta de hombría”.
Los demandantes, familiares de nueve fallecidos y de un profesor que sobrevivió al tiroteo, se han topado en el proceso con una ley federal de 2005 (“Acta de Protección del comercio legal de armas”) que ha protegido a fabricantes en demandas por otros tiroteos en masa, y también con la bancarrota de la propia Remington.
Remington, el fabricante de armas más antiguo de EE.UU., fundado en 1816 y propiedad de un grupo de capital privado, se declaró en quiebra hace casi un año, acuciado por la caída de sus ventas y el aumento de su deuda, así como de las crecientes reivindicaciones del control de acceso a las armas en el país.
Interpuesta en 2014, la demanda pasó por una corte federal y después por un tribunal estatal, donde la jueza la desestimó porque las alegaciones entraban de lleno en el área de inmunidad federal que se ofrece a los fabricantes de armas en estos casos, según indica The New York Times.
Pero en la ley de 2005 hay excepciones relativas a las ventas y prácticas de márketing, y los demandantes acusaron a Remington, a un comercio mayorista y otro minorista de haber promocionado el rifle Bushmaster mediante mensajes de combate y violencia que atrajeron a jóvenes con problemas como Lanza, resorte que les es útil.
De acuerdo al NYT, los jueces del Supremo de Connecticut coincidieron con el tribunal inferior al desestimar la mayoría de las acusaciones de los familiares, pero dictaron que en el juicio podía seguir adelante la parte relativa a las prácticas de márketing de la productora, que pueden violar la normativa estatal.
Los jueces, que decidieron esto por 4 votos contra 3, indicaron que corresponderá a un jurado decidir si las estrategias de promoción de las que se acusa al fabricante se pueden considerar una “práctica de comercio ilegal, y si se les puede atribuir culpa en la tragedia”.
Noticias Newswire
