El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, informó este miércoles 10 de febrero que ese país deportó a un grupo de 138 migrantes venezolanos y colombianos que ingresaron de forma ilegal a territorio chileno.
“Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses”, dijo el alto funcionario chileno desde la localidad de Colchane, cercana a la frontera con Bolivia.
La mayoría de las personas que fueron expulsadas no habían regularizado su estancia en Chile, y una minoría fueron deportadas por motivos judiciales, entre ellos, delitos relacionados con narcotráfico.
La semana pasada el ingreso de más de mil migrantes en un lapso menor a siete días, causó tensión en el referido municipio fronterizo de unos 1.700 habitantes y muy cercano a la localidad boliviana de Pisiga.
A pesar de la crisis sanitaria de la COVID-19 y las extremas condiciones climáticas existentes, la zona entre ambos municipios fronterizos se ha convertido en un paso de migración irregular.
La ola migratoria conformada mayoritariamente por venezolanos ocasionó desabastecimiento y enfrentamientos entre las autoridades y los grupos de extranjeros. También se registró el colapso del sistema sanitario por la pandemia, situación que obligó a instalar campamentos para mantener en aislamiento preventivo a los migrantes.
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Otra medida adoptada por Chile en un intento por frenar el ingreso de ilegales a su territorio consiste en no vacunar a los extranjeros que no sean residentes en el país. Esa medida tiene el propósito de evitar el llamado “turismo COVID o de vacunación”.
“No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, ni quienes se encuentren de forma irregular”, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.
Para poder acceder a la inmunización, que en Chile es gratuita, se necesita “tener la nacionalidad chilena, permanencia o residencia en el país, o en su defecto, una solicitud de visa en trámite ingresada”, aclaró el canciller.
El Gobierno chileno autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en la frontera con Bolivia donde son frecuentes los “coyotes” o “pasadores” que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro.
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