La policía de Bolivia arrestó este miércoles 20 de mayo al ministro de Salud, Marcelo Navajas, y a otros cuatro funcionarios como parte de las investigaciones por la compra sobrevalorada de 179 respiradores españoles para pacientes con COVID-19.
Navajas “se encuentra en calidad de aprehendido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de La Paz”, dijo el comandante de la unidad, coronel Iván Rojas, un día después de que la presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez ordenara investigar la cuestionada compra por “posible corrupción”.
El arresto de Navajas se habría producido después de que fuera llevado a la sede de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para declarar.
Bolivia adquirió los equipos de manufactura española a un precio unitario de 27.683 dólares, pero luego se conoció que la empresa los ofrece por entre 9.500 euros y 11.000 euros (10.312 dólares a 11.941 dólares).
El escándalo comenzó el pasado fin de semana con el reclamo de los médicos de cuidados intensivos que denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos. Luego surgieron los informes de que se había pagado sobreprecio.
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Los respiradores para unidades de terapia intensiva llegaron la pasada semana en un vuelo especial desde la ciudad española de Barcelona y eran distribuidos por hospitales de Bolivia hasta que se conoció que su costo puede triplicar el precio real, tras lo que fueron detenidos varios funcionarios del Ministerio de Salud.
Las detenciones que por ahora han trascendido son las de cuatro funcionarios del Ministerio y una agencia estatal de Salud, uno de ellos responsable del área jurídica, investigados por supuesta “adquisición irregular” en espera de “definir su situación procesal”, según la Fiscalía General del Estado.
Las oficinas del área jurídica fueron precintadas tras secuestrarse documentación, además de investigarse si hubo participación de diplomáticos de Bolivia en España y de pedir información al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra con unos cinco millones de dólares, de acuerdo a la Fiscalía.
El COVID-19 contagió hasta la fecha a unas 4.500 personas y provocó unos 190 decesos en Bolivia, nación que permanece bajo cuarentena y con sus fronteras cerradas desde el 17 de marzo y hasta fin de mayo.
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