Tucson, Arizona, está preparada para llevar a las elecciones del 5 de noviembre un proceso para refrendar con votos un iniciativa que la podría transformar en la “primera ciudad santuario” de cuadragésimo octavo estado de la Unión.
La propuesta que lleva por nombre “Iniciativa Defensa de la Gente”, pretende desligar las actuaciones de las autoridades de Tucson de las políticas que maneja la administración Trump de cara al tema migratorio, por lo que de aprobarse cesará la colaboración con los Federales en materia de detección y captura de indocumentados.
La política incluye 15 cláusulas para evitar la práctica de perfil racial por parte del Departamento de Policía local e impedir la presencia de agentes migratorios en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales, entre otras medidas.
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Activistas adscritos a la campaña “Familias Libres y Seguras de Tucson”, entregaron este miércoles más de 18 mil firmas de votantes registrados que quieren realizar en noviembre próximo la que sería la primera consulta en EE.UU. sobre si esta ciudad debe ser un “santuario” para indocumentados.
En un estado conocido por sus duras políticas en contra de los inmigrantes irregulares, se acentuarían los disensos en el seno de la comunidad, en caso de llegar a las urnas y aprobarse en noviembre la propuesta, Tucson se convertiría en la primera ciudad “santuario” en Arizona.
Las energías sobre el tema en el que algunos dudan son variadas, pero lo más temido son las consecuencias de la acción, porque de llegar a concebirse bajo voluntad popular a Tucson como una ciudad santuario, las autoridades federales están en la potestad de actuar contra Arizona y, entre muchas alternativas, tienen el poder de parar el flujo de recursos que desde ese nivel administrativo llega a esa inmensa zona fronteriza.
Para la directora de la Campaña “Familias Libres y Seguras de Tuccson”, Zaira E. Livier, la ciudad está frente a un momento histórico. “No es mucho lo que podemos hacer para frenar la separación de familias, poco para terminar con las muertes en la frontera, evitar que los inmigrantes se conviertan en una mina de oro para las compañías privadas que manejan los centros de detención, pero sí podemos hacer algo en nuestra ciudad”.
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Hace menos de 24 horas los activistas entregaron ante la oficina del Centro de Elecciones de la Ciudad de Tucson 18 mil 155 firmas de electores registrados que desean que la propuesta llamada “Iniciativa en Defensa de la Gente” sea llevada a consulta electoral.
De acuerdo a las normativas electorales del estado los solicitantes solo requieren que 9 mil 200 de estas firmas sean validadas para que la propuesta forme parte de la boleta electoral de las elecciones del próximo 5 noviembre para intentar ser “santuario”, lo que impediría a las autoridades locales colaborar en la aplicación de las políticas migratorias, que son de competencia federal.
Regina Romero, concejal y aspirante demócrata a la Alcaldía, es una las personas que encarna el otro lado de la acera, que presenta críticas a las que se unen miembros de la comunidad y otros políticos, que temen que la propuesta tenga un efecto adverso para la ciudad y la comunidad migrante.
La líder progresista de Tucson relató, que “lo que pide este propuesta es algo que la Ciudad ya está haciendo en un 60%. Me preocupa la forma en que está escrita la propuesta, lo que puede ponernos en contra de la leyes estatales y ponernos en la mira de la Legislatura estatal, lo que le costaría a la ciudad parte de su presupuesto”.
Romero, quien se ha distinguido por luchar por los derechos de la comunidad migrante en Tucson, explicó que, de aprobarse, la medida podría enfrentar a la ciudad con el estado y poner en riesgo importantes partidas presupuestarias.
La iniciativa podría entra en conflicto con la controversial ley estatal SB1070, aprobada en 2010 y que otorga el poder a los policías cuestionar el estatus migratorio de las personas que “sospechan” son indocumentados.
Romero consideró que el “problema” real en materia migratoria está en la Administración del presidente Donald Trump, la Legislatura estatal, dominada por los republicanos, y el gobernador Doug Ducey, también conservador, pero “no la ciudad de Tucson”.
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