La muerte por la COVID-19 irremediablemente tocó la existencia de un inmigrante salvadoreño que estaba recluido en el Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego.
La pandemia no ataca a todos por igual y las evidencias son abrumadoras sobre su mortalidad en la existencia de las personas que viven en centros de congregación, en los que están bajo altos niveles de estrés y en los que poseen una condición médica preexistente.
El Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego ha sido un foco de infección de la COVID-19 y de acuerdo a datos divulgados por la prensa local, casi uno de cada cinco migrantes ha sido diagnosticado con la enfermedad a nivel nacional.
Puedes leer: Grupo de Trump ignoró a científico que alertó en enero llegada de la pandemia
Un representante de la familia identificó al inmigrante fallecido como Carlos Ernesto Escobar, un diabético que salió de El Salvador junto con su madre y sus hermanas en la década de 1980 y vivía en el área de Los Ángeles. Alex Guzmán, miembro del grupo Otay Mesa Detention Resistance, señaló que Escobar estaba detenido desde enero en las instalaciones de San Diego.
El deceso fue confirmado por las autoridades norteamericanas, convirtiéndose en el primer fallecimiento reportado a causa del virus entre las cerca de 30 mil personas en custodia migratoria.
Hasta el miércoles, 132 de los 705 casos que ha reportado el ICE se ubican dentro de la instalación de San Diego. Además, 10 de los 39 empleados de detención que han arrojado positivo trabajan en Otay Mesa.
Los primeros en morir por la COVID-19 en instalaciones de reclusión para inmigrantes ilegales fueron dos custodios de un centro de detención migratoria de Monroe, Luisiana. Fallecieron a finales del mes pasado por coronavirus: Carl Lenard, de 62 años, y Stanton Johnson, de 51. Hasta antes del miércoles, no se había reportado el deceso de algún detenido.
Puedes leer: Nada indica que la muerte por la COVID-19 se irá pronto de los EEUU
En torno a las adyacencias de la historia se tiene que Samuel Bettwy, abogado del Departamento de Justicia, dijo el lunes en una audiencia que el detenido de San Diego fue intubado en un hospital con pronóstico poco favorable. Aunque su deceso no fue sorpresivo, grupos activistas que han presionado al ICE para que libere bajo fianza a los detenidos no tardaron en arremeter contra la agencia.
“Esta trágica noticia es una nueva evidencia de que el no tomar medidas resultará en una muerte cruel e innecesaria”, comentó Monika Langarica, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles de los condados de San Diego e Imperial, que ganaron una demanda para forzar la liberación de decenas de personas de edad avanzada y médicamente vulnerables que se encontraban detenidas en Otay Mesa.
La frecuencia en la realización de pruebas de diagnóstico podría estar relacionada con la elevada tasa de infecciones en Otay Mesa. Durante la audiencia del lunes, las autoridades señalaron que 119 de 171 (70%) de los detenidos que fueron analizados en Otay Mesa arrojaron positivo. El ICE se limitó a decir que ha realizado pruebas a 705 detenidos en todo el país, sin desglosar el número de análisis por centro de detención.
El primer positivo en Otay Mesa fue un guardia, cuyo diagnóstico se dio a conocer el 31 de marzo. La instalación está diseñada para alojar a 1.970 detenidos del ICE y del Servicio Federal de Alguaciles, pero la cifra se ha reducido en semanas recientes.
Noticias Newswire
