Quince migrantes latinoamericanos expulsados recientemente de Estados Unidos permanecen retenidos en un hotel de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, en medio de un clima de incertidumbre, miedo y condiciones precarias. A cinco días de su llegada, desconocen cuál será su destino final y enfrentan barreras culturales, sanitarias y legales en un país completamente ajeno para ellos, según un reporte difundido por la AFP.
“Tengo miedo. No quería venir al Congo, no conozco el idioma”, relata Gabriela, una colombiana de 30 años que forma parte del grupo. Según su testimonio, los migrantes fueron trasladados tras un vuelo de 27 horas, esposados de manos y pies, y solo fueron informados de su destino pocos días antes de ser expulsados.
Este traslado forma parte de un plan impulsado por Washington que contempla enviar a migrantes indocumentados a terceros países. La República Democrática del Congo se suma así a una lista de naciones africanas que han aceptado recibir a estas personas, aunque con escasa información sobre las condiciones de estancia o las opciones disponibles para ellos.
Desde su llegada, los migrantes permanecen en un complejo cercano al aeropuerto, donde viven bajo estrictas restricciones; no pueden salir ni recibir visitas. El lugar está vigilado por fuerzas de seguridad, mientras que en el exterior se observan vehículos policiales y militares.
La falta de comunicación es uno de los principales obstáculos. Ninguno de los migrantes habla francés, idioma oficial del país, lo que dificulta cualquier interacción. Durante el día, se mantienen en contacto con sus familias a través de teléfonos móviles, en busca de apoyo y orientación.
Además, varios de ellos han reportado problemas de salud, incluyendo fiebre, vómitos y malestares estomacales. Aunque han recibido algunos medicamentos, aseguran que no han sido atendidos por personal médico. “Nos dicen que es normal y que debemos adaptarnos”, denuncia Gabriela.
De acuerdo con los propios migrantes, recibieron un visado temporal de siete días, con posibilidad de extensión. Sin embargo, temen quedar desamparados si no aceptan un programa de repatriación voluntaria. “Nos presionan diciendo que, si no aceptamos, nos dejarán a nuestra suerte”, afirma Gabriela, quien califica la situación como “inhumana e injusta”.
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Aunque algunos reconocen que cuentan con alimentación y alojamiento básicos, la incertidumbre sobre su futuro predomina. Hugo Palencia, otro migrante colombiano, asegura que preferiría aceptar cualquier documento que le permita salir del país. “Tengo más miedo de estar aquí que en mi propio país”, confiesa.
Mientras tanto, la vida continúa en el exterior del complejo, en una ciudad marcada por la pobreza y la precariedad, lo que aumenta la angustia de quienes esperan una solución a miles de kilómetros de su hogar.
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