El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es señalado de forma tácita por la Fiscalía del distrito sur de Nueva York, de usar dinero proveniente del narcotráfico.
La acusación se expone en un extenso documento presentado por dicha instancia estadounidense como parte del caso en contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del mandatario hondureño, a quien implica en una conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder.
Tony Hernández es considerado como un violento narcotraficante que abusó de sus influencias familiares y políticas para poder transportar cocaína con facilidad en toda la nación con el objetivo de que llegara a México y principalmente a los Estados Unidos.
La Fiscalía neoyorquina no identifica al mandatario por su nombre ni ha presentado acusaciones en su contra en el documento que fue dado a conocer el pasado sábado. Sin embargo se alude al hermano del acusado como CC-4 (Juan Orlando Hernández) y se acentúa que el CC-4 fue “elegido presidente de Honduras a fines de 2013”.
Este documento asegura que se destinaron 1,5 millones de dólares para sobornos en apoyo a la campaña Juan Orlando Hernández y al mismo tiempo se compraron regalos y favores a políticos locales a cambio de protección.
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El documento de 49 folios implica a otros políticos hondureños a quienes no menciona por sus nombres pero entre ellos los medios han identificado al ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014), identificado como el conspirador CC-3, de acuerdo con la Fiscalía del distrito sur de Nueva York.
La instancia presentó el documento ante el tribunal federal en Manhattan como parte del caso por narcotráfico que se llevará a cabo en esa jurisdicción en contra de Tony Hernández.
Tony Hernández, quien fue arrestado en el 2018, es señalado de haber trabajado con otros violentos traficantes de droga a gran escala con el fin de importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. También se le acusa de presuntamente abusar de sus conexiones políticas para obtener ganancias personales y políticas, y que para ello él y sus aliados confiaron en la protección de oficiales de alto nivel de Honduras e incluso destaca que sus conexiones lo llevaron a ocupar un curul en el Congreso de su país.
Alegan que en 2004 Tony Hernández comenzó a establecer vínculos con narcotraficantes usando las influencias de la familia y les brindaba información sobre las actividades y operaciones de agencias de la ley para que pudieran transportar cocaína a través de Honduras sin contratiempos.
La Fiscalía federal asegura que el hermano del Presidente de Honduras y sus conspiradores se involucraron en esta conducta para enriquecerse, para financiar campañas políticas de candidatos del Partido Nacional de Honduras, incluyendo las elecciones del 2009 y el 2013 y para mantener su poder y posiciones políticas en el país.
Esa asociación le habría llevado a tener vínculos con miembros del cartel hondureño del Valle y con narcos colombianos y, de acuerdo con la Fiscalía, discutió una asociación con un político del Partido Nacional, identificado como “Testigo Cooperante 3”, de quien dicen “también fue un narcotraficante a gran escala”.
De acuerdo con la cadena de televisión Univisión este testigo cooperante sería Alexander Ardón, ex alcalde de El Paraíso, localidad ubicada cerca de la frontera con Guatemala, identificado en el documento como CW-3. Se indica además que Ardón fue acusado por los fiscales estadounidenses en enero.
En el documento se asegura que Tony Hernández le dijo a CW-3 que podrían formar una asociación particularmente exitosa basada en la protección de CC-3 (Porfirio Lobo) y CC-4 (Juan Orlando Hernández) si ganaban en las elecciones de 2009. También que creía que CC-4 seguiría a CC-3 como presidente de Honduras y “continuaría protegiéndolos”.
En la página 5 del documento se habla de una reunión sostenida en el año electoral 2009, en la que presuntamente CW-3 (Ardón) se habría reunido con CC-3 (Lobo) quien, según la Fiscalía, le pidió “apoyo financiero y logístico” para su campaña y para la de CC-4 (Juan Orlando Hernández, que en ese momento era congresista).
A cambio de ello se ofreció protección y el nombramiento de un pariente para un puesto político, y según los fiscales, se acordó proporcionar un pago de dos millones de dólares.
Los fiscales alegan además que Juan Orlando Hernández pidió ayuda para llegar a la presidencia del Congreso, lo que logró en 2010 y posteriormente para su primera campaña presidencial sobornando a los políticos locales para que éstos lograran que sus componentes lo apoyaran.
De acuerdo con la Fiscalía el resultado fue que se invirtieran 1,5 millones en la campaña a cambio de que continuara el apoyo a sus actividades de narcotráfico. “CC-4 fue electo presidente en el 2013”, afirma el documento.
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