Durante su segundo día de visita oficial a China, el presidente de Chile Sebastián Piñera, mostró la intención de que su país se convierta en un centro de negocios para las empresas de la potencia asiática. En esta jornada tuvo una reunión con su homólogo Xi Jinping.
“Queremos transformar a Chile en un verdadero centro de negocios para las empresas chinas. Para que ustedes puedan, desde Chile, llegar también a toda América Latina”, manifestó el mandatario durante un encuentro de innovación e inversión celebrado en Pekín en la mañana del jueves.
La inteligencia artificial y el comercio electrónico fueron dos de los asuntos abordados en la reunión a la que asistieron tanto empresarios chilenos como chinos.
“Chile quiere enfrentar esa nueva revolución, aceptar todas las nuevas oportunidades y es por eso que estamos poniendo mucho énfasis en la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento”, agregó Piñera.
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Tras el encuentro, el presidente Piñera inauguró un acto de promoción de vinos de Chile desde donde salieron ocho millones de cajas en 2018 con destino a China, según información proporcionada por la Presidencia del país suramericano.
La agenda de Piñera en Pekín continuó con una visita a la sede de la empresa de transporte Didi, el equivalente chino a Uber, y que está previsto comience a operar en Chile este año después de haberlo hecho ya en Brasil y México.
Un almuerzo con directivos de grandes empresas chinas fue la siguiente cita del mandatario chileno en la capital china.
En él, Piñera buscó incrementar el desarrollo de las exportaciones de servicios e incrementar y diversificar las inversiones de China en el país suramericano.
Durante el viernes y el sábado, el jefe de Estado chileno participará en el II Foro de las Rutas de la Seda en Pekín, un macroproyecto internacional impulsado por China para la construcción de infraestructuras por todo el planeta que ha logrado la colaboración de más de 120 países en todo el mundo.
Sin embargo, la iniciativa también ha generado dudas, sospechas y protestas por parte de organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos por su falta de transparencia y ausencia de estudios de impacto social y ambiental.
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