Apenas unas horas después de que en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, Rusia y China vetaran una resolución propuesta por Estados Unidos sobre Venezuela, en la que se convocaban elecciones presidenciales y entregas sin trabas de ayuda, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, era recibida en Moscú por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
La funcionaria venezolana aprovechó el momento para anunciar que “Maduro ha dado instrucciones para que la oficina de Petróleos de Venezuela que se encuentra en Lisboa sea trasladada a Moscú. Europa no da garantías de respeto a nuestros activos, dijo Rodríguez, durante una rueda de prensa.
La vicepresidenta aseguró que los países capitalistas están violando sus propias leyes al congelar los bienes de Venezuela en bancos occidentales y calificó como un “robo a mano armada” lo que se está haciendo en la actualidad con los recursos financieros de Venezuela.
Por su parte Lavrov declaró al comienzo de la reunión con Rodríguez que “haremos todo lo posible para contrarrestar los intentos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Ante esta situación, debo subrayar que el presidente Vladimir Putin ha querido trasmitir sus palabras de apoyo y solidaridad hacia su colega y amigo, el presidente Nicolás Maduro”, añadió el titular ruso de Exteriores.
“Rusia continuará ayudando a las autoridades de Venezuela a resolver las dificultades económicas y sociales, incluso mediante la concesión de ayuda humanitaria legítima», dijo.
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También indicó que Moscú podría satisfacer en breve la petición de Caracas de hacer un segundo envío de preparados farmacéuticos, tras hacer un estudio en profundidad de las necesidades, y recordó que en la partida anterior iban 7,5 toneladas de medicamentos y envíos masivos de trigo.
Rodríguez dejó ver que en el encuentro con Lavrov estuvo dedicado fundamentalmente a hablar de una posible intervención militar de Estados Unidos. Sobre esta cuestión la vicepresidenta venezolana señaló que “tuvimos un intercambio de información relevante”, mientras que su interlocutor ruso reconoció que “no se puede descartar” tal intervención de fuerzas norteamericanas.
“Estados Unidos planea en breve adquirir armas ligeras, morteros, misiles tierra-aire portátiles y otros tipos de armamento para enviarlos a países vecinos de Venezuela. El transporte de estas armas lo hará una compañía aérea de uno de los regímenes más obedientes, mejor dicho, absolutamente el más sumiso a Washington dentro del espacio postsoviético”, dijo Lavrov en alusión a las autoridades ucranianas.
Continúa presión diplomática de EEUU
Mientras los funcionarios de Putin y Maduro anunciaban el cambio de sede de la estatal petrolera Pdvsa, Estados Unidos continuó con la presión diplomática y económica contra el círculo íntimo de aliados de Maduro.
Elliott Abrams, el enviado especial del Departamento de Estado sobre Venezuela, advirtió el jueves que las sanciones contra altos cargos de la dictadura de Maduro seguirían anunciándose.
El viernes el Departamento del Tesoro informó de una nueva ronda de sanciones, esta vez centrada en miembros de la cúpula militar y policial de Maduro. Estados Unidos justifica las sanciones en el papel de las fuerzas de seguridad en el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria y en la violencia sucedida el 22 y 23 de febrero.
Además de impedir la entrada de la ayuda humanitaria se registraron al menos cinco muertos y centenares de heridos.
Uno de los sancionados es Richard Jesús López Vargas, comandante en jefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de los principales líderes militares del país y aliado clave para el mantenimiento del control de Maduro sobre las fuerzas armadas.
Las sanciones también afectan a dos generales responsables de dos demarcaciones militares que hacen frontera con Colombia y Brasil. Son ellos José Leonardo Corono Torres, responsable del estado Táchira en la frontera con Colombia; y Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, responsable del estado Bolívar, en la zona de frontera con Brasil donde se produjeron las cinco víctimas mortales, entre las que se cuentan tres indígenas de la etnia pemón.
Otro general sancionado es Jesús María Mantilla Oliveros, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, a quien Maduro instruyó para que reforzara las medidas de seguridad en la frontera con Brasil.
La lista también incluye a José Miguel Domínguez Ramírez, jefe en Táchira de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo élite de la PNB, y Christian Abelardo Morales Zambrano, director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a quien se responsabiliza de la fuga de presos en 2018 cuando era director de este cuerpo policial en Táchira.
Todas las propiedades e intereses económicos de estas seis personas en Estados Unidos fueron congelados, además de la prohibición de que nadie realice operaciones con los bienes bloqueados.
Por su parte el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitó el viernes Paraguay donde se reunió con el presidente Mario Abdo Benitez quien deseó que el paso de Guaidó por ese país “le llene de esa bravura guaraní, del heroísmo de los buenos hijos de Paraguay”.
Este sábado Juan Guaidó visitó Ecuador tras ser invitado por el presidente Lenín Moreno en lo que supone un giro político importante en la política ecuatoriana, tradicionalmente aliada bajo el liderazgo de Rafael Correa con el régimen chavista.