Varios congresistas del estado de Florida presentaron en días pasados un proyecto de ley en Washington con el que buscan salvaguardar de los procesos de deportación a aproximadamente 600.000 inmigrantes venezolanos, todo esto en el marco de las órdenes del gobierno del presidente Donald Trump que pretende acabar con varias protecciones migratorias, dejando en el limbo a miles de estas personas.
Esta iniciativa surge como respuesta inmediata de los congresistas a la reciente medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que, el pasado 5 de febrero canceló la protección migratoria vigente desde 2021 para miles de venezolanos.
Tanto representantes demócratas como republicanos de la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron la iniciativa que concedería de forma automática un Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses renovables, a los venezolanos que en la actualidad están en territorio estadounidense protegiéndolos así de la deportación y permitiéndoles trabajar de manera legal.
El condado Miami-Dade y la ciudad de Orlando en el centro de Florida, es donde se concentra una de las mayores poblaciones de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, muchos de ellos con TPS o “parole” humanitario.
Este nuevo proyecto de ley titulado “Venezuela TPS Act of 2025”, es impulsada por los congresistas demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, en conjunto con la representante republicana María Elvira Salazar.
Razones justificadas
Por un lado Darren Soto lamenta que la Administración Trump busque “despojar a los venezolanos que tienen Estatus de Protección Temporal (unos ya existentes), del ‘parole’ (auxilio humanitario temporal) y de otras protecciones críticas durante un momento de gran inestabilidad en su país”.
El demócrata consideró como un “insulto” darles la espalda a estas personas ya que “ahora más que nunca, debemos unirnos para proteger a nuestra comunidad de un trato injusto y deportaciones inconstitucionales”.
Por su parte Debbie Wasserman Schultz, destacó el carácter legal y pacífico de los actuales beneficiarios del TPS, que se encuentran en el limbo. “No son criminales, están aquí legalmente y nadie con antecedentes penales es elegible para esta protección”, especificó.
“Simplemente está mal someter a familias venezolanas respetuosas de la ley a un régimen criminal y asesino que viola abierta y flagrantemente los derechos humanos”, declaró la representante demócrata.
Mientras, la republicana María Elvira Salazar manifestó en un comunicado que “la opresión del régimen de Nicolás Maduro y el total fracaso del socialismo del siglo XXI han creado condiciones peligrosas en Venezuela y una amenaza constante de persecución política”.
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El TPS protegería de la deportación a las personas que estén físicamente presentes en Estados Unidos al momento de la promulgación, no tengan antecedentes penales y se registren debidamente ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este alivio migratorio también contempla autorización para viajar en casos de emergencia.
El proyecto de ley ocurre en medio de una profunda crisis humanitaria en Venezuela, donde más del 50% de la población vive en pobreza y la economía se ha contraído en más del 80% desde 2014, cifras que superan incluso los niveles de la Gran Depresión en Estados Unidos en 1929.
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