Un juez federal suspendió el lunes 31 de marzo el plan del gobierno del presidente Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que impide que cientos de miles de migrantes venezolanos sean deportados de Estados Unidos.
Esta suspensión estará en vigor mientras se examina el fondo del caso y supone un alivio para 350.000 ciudadanos del país suramericano en territorio estadounidense, cuyo TPS expiraba el 7 de abril.
Eliminar el TPS “amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas (…), costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas”, resumió el juez Edward Chen en su fallo, emitido en San Francisco.
El TPS protege contra la deportación y confiere el derecho a trabajar. Se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición “extraordinaria”.
Se concedió ampliamente a los venezolanos bajo el mandato del demócrata Joe Biden, que acusaba al presidente Nicolás Maduro de mantener un “régimen” en Venezuela.
Trump intentó revocar esa protección pocos días después de su regreso a la Casa Blanca en enero. El magnate republicano hizo campaña bajo el argumento de que Estados Unidos es víctima de una “invasión” de migrantes “criminales” y señala regularmente a los venezolanos.
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“La generalización de la criminalidad a todos los venezolanos titulares de TPS carece de fundamento y huele a racismo”, zanjó el juez en su decisión. Señaló que la tasa de criminalidad entre estos migrantes es “inferior a la de la población general”.
En su opinión, los grupos de defensa de los migrantes que han impugnado la acción del gobierno ante los tribunales “probablemente lograrán demostrar” que las medidas adoptadas para suprimir el TPS “no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas”.
Además de los beneficiarios del TPS, la administración de Trump ha tomado otras acciones severas contra la inmigración desde Venezuela.
Deportó el 16 de marzo a 238 venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua a una megacárcel en El Salvador, al invocar una ley de tiempos de guerra de 1798.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera esos traslados como un “secuestro” de sus compatriotas.
Por: AFP
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