La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió protección para 16 opositores presos en Nicaragua, entre ellos la belga-nicaragüense Amaya Coppens, ante la situación de “gravedad y urgencia” que viven según una resolución emitida el viernes 27 de diciembre en Washington.
La comisión considera que “los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás detenidos se encuentran en situación de gravedad y urgencia”, dijo la comisión.
El 14 de noviembre, 13 de los hoy presos fueron detenidos tras entregar agua y medicamentos a un grupo de 11 mujeres que estaban en huelga de hambre en una iglesia para exigir la libertad de parientes detenidos. Los otros tres fueron capturados en sus casas, según testimonio de familiares y organismos de derechos humanos locales.
Los detenidos están encerrados en celdas pequeñas de cemento, sin colchones o almohadas, sufren malos tratos, agresiones, amenazas y carecen de atención médica, denunció la CIDH.
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El Gobierno de Nicaragua aún no ha dado respuesta a las solicitudes de información de la comisión. Mientras la fiscalía nicaragüense acusó a los detenidos de “tráfico ilícito de armas” y la policía les presentó como una banda criminal que pretendía llevar a cabo atentados en edificios públicos, agregó la misiva.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instó al Gobierno de Nicaragua a que “garantice el derecho a la vida, integridad personal y salud” de los detenidos.
Familiares y organismos de derechos humanos estiman que más de 150 personas están detenidas por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega, pero las autoridades niegan que haya presos políticos.
La CIDH estima que las protestas que estallaron en abril de 2018 dejaron un saldo de 328 muertos, centenares de detenidos (la mayoría liberados en junio bajo una ley de amnistía) y más de 60 mil exiliados.