Activistas “sin techo” reunidos en la Campaña por los Derechos Humanos Económicos de los Pobres, demandaron a al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. La querella también incluye a al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. La lucha judicial busca impedir que saquen a las familias indigentes de las propiedades abandonadas de Filadelfia.
Una mezcla de circunstancias ha impedido al gobierno ser proactivos con las personas sin hogar. Sin embargo hay datos que hacen inexplicables el supuesto desdén. “La demanda sostiene que hay ocho viviendas abandonadas por cada persona sin hogar”. De allí lo incomprensible del porqué tanto la ciudad como el gobierno federal no han conseguido alojar a las personas.
Esta historia sobre esta renovada batalla legal fue escrita por Taylor Allen de WHY. La periodista reseño la voluntad de los activistas para que familias sin hogar sigan viviendo en propiedades abandonadas de Filadelfia. Ella recogió declaraciones de Cheri Honkala, directora y cofundadora de la campaña.
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“La ciudad de Filadelfia no ha tenido ningún lugar para ellos”, dijo. “Queremos todas las propiedades abandonadas en las que están las familias. Deseamos ver la vivienda como un derecho humano en nuestra vida aquí en Filadelfia y luego potencialmente en el resto del país”.
Activistas “sin techo”
Los activistas “sin techo” organizaron una conferencia de prensa. Se presentaron frente al Palacio de Justicia de EE.UU. en las calles Sixth y Market. Allí expusieron que están alojando a más de 30 familias en toda la ciudad.
Honkala, lleva más de 30 años resguardando a familias en propiedades abandonadas. Aseguró frente a los medios que la mayoría de las personas alojadas son madres solteras con hijos. Indicó además que el grupo no da cobijo a personas que consumen drogas.
De acuerdo a datos investigados, con voluntad política e inversión el tema de la vivienda podría ser solucionado. Filadelfia tiene miles de casas vacías repartidas por toda la ciudad. Actualmente hay más de 47.000 residentes en la lista de espera de viviendas subvencionadas por el gobierno federal.
La propia PHA posee 350 casas deshabitadas, según la agencia, que el año pasado llegó a un acuerdo con otro grupo activista para transferir 50 propiedades vacías a una organización sin ánimo de lucro que albergaría a personas que habían estado viviendo en campamentos.
La base de la estrategia
Conor Corcoran es el abogado de la Campaña por los Derechos Humanos Económicos de los Pobres. Es quien tiene delegada la misión de querellar las demandas de los activistas “sin techo”. Dijo que se apoyará en la Ley 135, la Ley de Conservación de Propiedades Abandonadas y Asoladas. Esta permite a los jueces elegir organizaciones independientes sin ánimo de lucro para supervisar las operaciones de las propiedades abandonadas.
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El abogado de derechos civiles del grupo dijo que decidió emprender acciones legales ahora porque las protecciones de emergencia COVID-19 contra el desalojo se están desvaneciendo. “Estamos aquí por las tres demandas que se presentaron para dar a los tribunales federales una oportunidad de ser proactivos … Debemos proteger a estas personas en los hogares antes de que la crisis de desalojo recaigan sobre la ciudad”.
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