El Tribunal Superior de Curazao ordenó este 15 de julio cerrar los albergues penitenciarios para refugiados al declarar este régimen de detención, que enfrentan migrantes de Venezuela, como una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Como resultado del fallo nueve ciudadanos venezolanos alojados en una prisión han sido liberados de inmediato, según reportaron medios de comunicación de esta isla caribeña que es un estado constituyente del Reino de los Países Bajos.
Los Países Bajos han aportado millones de euros para la mejora del cuartel de inmigración, pero como aún no está listo, otros venezolanos detenidos fueron ubicados en una sección de la prisión principal en Koraal Specht.
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Las autoridades de Curazao decidieron trasladar a todos los presos comunes del bloque 1 a otro lugar y designar esa zona como un lugar de detención para los ciudadanos extranjeros sin documentos de residencia, incluso los solicitantes de asilo.
Durante una inspección al centro penitenciario, un juez determinó que los venezolanos estaban recluidos bajo un régimen aún más estricto que los presos que habían sido condenados penalmente.
Esta isla caribeña no cuenta con un procedimiento de asilo reconocido internacionalmente, pero los venezolanos pueden invocar la Convención Europea de Derechos Humanos.
Se estima que en Curazao, una isla muy próxima a Venezuela, viven en situación migratoria irregular unos 17.000 venezolanos.
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En un informe presentado en octubre pasado Amnistía Internacional denunció que las autoridades de Curazao y de Países Bajos violaron los derechos de migrantes venezolanos que buscan protección internacional en esa isla.
Como consecuencia de dicho informe, una delegación de Amnistía Internacional viajó a Curazao pero el Gobierno de la isla rechazó recibir a sus representantes y les prohibió visitar los cuarteles donde estaban detenidos migrantes venezolanos.