El gobierno de México presentó formalmente denuncias penales en Estados Unidos debido a la muerte de 17 mexicanos ocurridas bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), registradas desde el retorno de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025.
La iniciativa judicial había sido anticipada el 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum. La cancillería mexicana detalló que se promovieron un total de 20 denuncias legales —ocho ante fiscalías estatales y 12 en fiscalías de condado— en aquellas jurisdicciones donde sucedieron los trágicos hechos, específicamente en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.
Por su parte, el embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, solicitó un completo esclarecimiento de cada caso durante diversas reuniones con representantes del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE. En dichos encuentros, Lazzeri transmitió las hondas preocupaciones de su país por las condiciones prevalecientes en los centros de detención migratoria.
En paralelo, el canciller Roberto Velasco pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, requerir información a las autoridades estadounidenses y formular recomendaciones técnicas destinadas a prevenir acontecimientos de esta naturaleza.
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Finalmente, el gobierno encabezado por Sheinbaum descartó que esta ofensiva penal pueda afectar la vital relación bilateral con Estados Unidos, incluso en momentos clave donde se negocia la revisión del tratado de libre comercio, el T-MEC, el cual cuenta también con la participación de Canadá como socio estratégico.
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