Un juez federal en Boston frenó temporalmente la medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump que buscaba revocar los permisos de trabajo a miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
El juez de distrito Nathaniel Gorton emitió una medida cautelar tras la demanda presentada por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos.
La acción legal contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) surgió a raíz de nuevas políticas derivadas de la ley presupuestaria de julio de 2025, las cuales recortaban la vigencia de las autorizaciones laborales de forma retroactiva. La medida afectaba directamente a migrantes de Venezuela, El Salvador, Sudán y Ucrania, quienes corrían el riesgo de perder el derecho a trabajar formalmente a partir del 22 de julio.
Los demandantes argumentaron que USCIS impuso restricciones ilegales y omitió el proceso obligatorio de consulta pública exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo. Entre los integrantes del grupo demandante destacan la Asociación Venezolana de Massachusetts, la National TPS Alliance y el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP).
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Aunque el fallo judicial autoriza a USCIS a mantener el cobro de las nuevas tarifas fijadas por la legislación de 2025, prohíbe taxativamente retirar autorizaciones o sancionar a los afectados mientras el proceso continúe.
La orden de emergencia permanecerá vigente mientras el tribunal analiza el fondo del asunto, y el juez evaluará antes del 5 de agosto si extiende la suspensión durante el resto del litigio legal.
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