Un nuevo informe de la organización WorkPermits.US ha encendido las alarmas en el sur de Florida al revelar que 298.000 solicitantes de asilo, principalmente de Cuba, Haití y Venezuela, corren el riesgo de perder sus autorizaciones laborales.
Esta alarmante cifra representa el 8,4% de toda la fuerza laboral del área metropolitana de Miami, lo que anticipa un golpe devastador para la estabilidad económica de la región si el gobierno de Donald Trump concreta sus proyectados cambios migratorios.
A nivel estatal, la situación es todavía más profunda. El estudio, citado por el Miami Herald y elaborado por el investigador Phillip Connor de la Universidad de Princeton, calcula que en todo el estado de Florida residen unos 541.000 trabajadores con solicitudes de asilo pendientes.
Este importante sector de la población aporta anualmente unos 22.000 millones de dólares a la economía de Florida, consolidando al estado como el territorio con la mayor población de trabajadores bajo esta condición migratoria en todo el país.
El impacto de las restricciones regulatorias propuestas por la actual administración federal se concentraría con especial fuerza en tres sectores productivos clave del sur del estado. La industria de la construcción lidera la dependencia con un 16,1% de su fuerza laboral bajo este estatus, seguida muy de cerca por el sector de transporte, almacenamiento y servicios públicos con un 13,8%, y el ramo del turismo y la hospitalidad con un 11,6%.
Crisis en el cuidado de adultos mayores
Sin embargo, los efectos de la reforma ya se hacen sentir con fuerza en los servicios de salud y el cuidado de personas mayores, un sector donde el personal de origen haitiano, amparado en muchos casos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), resulta indispensable.
Instituciones de prestigio regional como Miami Jewish Health, el sistema de salud para adultos mayores que administra el hogar de ancianos más grande de Florida, ya se han visto obligadas a reducir su capacidad en 120 camas debido a la pérdida de empleados que decidieron abandonar el país por temor a las nuevas medidas fiscales y migratorias.
Esta delicada situación también afecta a otras comunidades de retiro en la región, como John Knox Village en Pompano Beach. Los administradores de estos centros de salud advierten que la salida de empleados con más de una década de antigüedad interrumpe de forma drástica la continuidad de la atención médica y afectará directamente el bienestar diario de los adultos mayores residentes.
El endurecimiento de las políticas migratorias se ha ejecutado mediante dos medidas específicas implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional. En diciembre de 2025, la cartera redujo la vigencia de los permisos de trabajo a solo 18 meses para los solicitantes de asilo, revirtiendo la extensión de cinco años que había otorgado la administración anterior.
Te puede interesar:Demoras en DACA dejan a “Dreamers” sin empleo y en incertidumbre
Posteriormente, en febrero de 2026, se propuso una norma para pausar las solicitudes de permisos cuando los casos acumulen más de seis meses de retraso, forzando a los migrantes a esperar un año entero para recibir su autorización legal.
Expertos y asesores legales advierten que el efecto acumulado de estas políticas públicas hará casi imposible la obtención de una autorización laboral inicial, agravando la escasez de mano de obra y desestabilizando por completo el mercado regular del sur de Florida.
Noticias Newswire
