Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) habrían presentado una propuesta orientada a respaldar a los agentes de policía estatales y locales que ejecutan tareas de control migratorio.
La iniciativa contemplaría la creación de un programa de subsidios para la adquisición de pólizas de responsabilidad civil, con el objetivo de proteger a los efectivos ante eventuales demandas judiciales o reclamos por conducta indebida en el marco de sus funciones.
De acuerdo con un documento de planificación interna, el plan prevé que los agentes interesados contraten coberturas individuales con un techo de protección de hasta 500.000 dólares para responsabilidad personal.
Este respaldo económico está destinado a financiar gastos legales, honorarios de abogados, acuerdos extrajudiciales y sentencias judiciales que pudieran derivarse de sus actuaciones. Como incentivo central, la agencia federal reembolsaría a cada funcionario un monto de hasta 250 dólares anuales, suma que equivale al costo proyectado de la póliza en el mercado.
Para poner en marcha esta estructura, el ICE contempla la adjudicación de una firma contratista externa. Dicha empresa se encargaría de coordinar la selección del proveedor asegurador y gestionar los reembolsos correspondientes a los agentes.
Adicionalmente, el contratista prestaría servicios de apoyo en materia de comunicaciones, divulgación y capacitación continua para las dependencias policiales adscritas al esquema.
Estas colaboraciones se fundamentan en el programa 287(g), una disposición de la ley de inmigración de 1996 que habilita a los cuerpos policiales locales a ejercer facultades de control migratorio federal tras recibir entrenamiento especializado.
La cooperación entre el ICE y las distintas jurisdicciones locales ha registrado un crecimiento considerable tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, por lo que la exención de riesgos financieros busca eliminar el escepticismo de aquellos departamentos reacios a incorporarse a estas labores.
La medida ha generado reacciones por parte de analistas y defensores de derechos civiles. David Bier, director de estudios de inmigración en el Instituto Cato de Washington, señaló su preocupación ante la posibilidad de que el subsidio reduzca la rendición de cuentas de los efectivos.
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Según la postura del especialista, la exención de responsabilidad patrimonial podría incentivar excesos o violaciones a las garantías constitucionales durante los operativos de detención.
Por el momento, el ICE no ha emitido declaraciones oficiales adicionales ni ha detallado los costos totales de la implementación o la fecha de entrada en vigor. La agencia fijó como plazo límite este jueves para recibir retroalimentación del sector privado, tras la difusión del proyecto reportada en exclusiva por la agencia de noticias Associated Press.
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