Nacionales de Honduras, Cuba y Ecuador denunciaron que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) los deportó de manera forzada y sin notificación previa hacia la República Centroafricana. Los afectados, quienes permanecen retenidos en la capital, Bangui, califican la acción como un atropello a sus derechos fundamentales y solicitan ayuda urgente a congresistas de Florida y activistas para salir de dicha nación, reportaron medios de comunicación y agencias de noticias.
El testimonio de Brayan Sánchez, ciudadano hondureño que permanecía bajo custodia estadounidense, expone la gravedad del procedimiento. Tras su detención el 13 de mayo en Florida y su posterior traslado por centros de detención en Colorado, Arizona, California y Texas, Sánchez conoció el 30 de julio que su destino final sería el continente africano. Según relata, agentes de ICE los amenazaron con violencia física si se oponían a abordar la aeronave.
El trayecto duró 21 horas e incluyó escalas en Senegal y Nigeria antes de arribar a Bangui. Allí, junto a un ecuatoriano y cuatro cubanos, permanece bajo custodia en un hotel local. Las autoridades centroafricanas les han restringido la salida e informado que tramitarán visados para su permanencia temporal en el país.
A través de material audiovisual grabado dentro de la instalación, el grupo hizo un llamado directo a legisladores estadounidenses, mencionando a la congresista María Elvira Salazar, para que intervengan en su situación.
Los afectados argumentan que el proceso careció de garantías legales y violó los protocolos habituales de repatriación. En el caso específico de Sánchez, quien residía en EE.UU. desde 2016, asegura que contaba con una orden judicial que frenaba su deportación y añade que no puede regresar a Honduras por amenazas de muerte derivadas del asesinato de sus familiares.
Este caso evidencia la intensificación de las políticas migratorias de la Administración estadounidense hacia terceros países africanos. Mediante acuerdos diplomáticos, el gobierno ha gestionado la recepción de deportados en naciones como Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana.
Te puede interesar:Latinoamericanos expulsados de EEUU viven incertidumbre en África
La estrategia se consolidó tras un dictamen de la Corte Suprema en junio de 2025 que avaló este tipo de expulsiones. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP), han alertado que estas medidas trasladan a personas a entornos vulnerables sin el debido proceso y con notificaciones emitidas en plazos inferiores a 24 horas, dejando a los migrantes sin capacidad de defensa ni recursos legales efectivos.
Noticias Newswire
