La Policía Nacional española ejecutó el lunes varios allanamientos, por blanqueo de capitales, en oficinas y casas vinculadas al ex político socialista Raúl Morodo, quien se desempeñó como embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En el procedimiento impulsado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, resultaron detenidas cuatro personas, entre ellas Alejo Morodo, hijo del exembajador. Los otros tres aprehendidos son un socio de este último y las esposas de ambos quienes presuntamente les ayudaron a aflorar el dinero. Se les atribuye el blanqueo de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA).
Aunque Raúl Morodo está en la lista de los investigados y es uno de los cabecillas de la trama, la policía anti blanqueo de capitales no aprehendió al exembajador motivado a su avanzada edad. Tiene 84 años.
Morodo es catedrático de Derecho Constitucional, fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular (PSP) junto a Enrique Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid, y es considerado una de las figuras claves de la transición democrática de España. También fue embajador en Portugal, diputado europeo, vicepresidente de la Internacional Liberal y Progresista y embajador extraordinario ante la UNESCO.
Anticorrupción investiga a Raúl Morodo y a su hijo Alejo por haber blanqueado en España esos cuatro millones de euros saqueados a la petrolera venezolana, la principal industria de ese país suramericano, a cambio de simulados asesoramientos legales. Para aflorar esos millones en España, los Morodo y sus cómplices en la petrolera hicieron pasar el dinero antes por Panamá y otros países latinoamericanos.
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La investigación acredita que Alejo Morodo Cañeque, bajo la sombra de su padre, cobró al menos cuatro millones de euros de PDVSA a cambio de falsos asesoramientos realizados entre los años 2008 y 2013. Así consta en contratos y facturas que forman parte de las pesquisas. La relación entre la empresa petrolera venezolana y el hijo del embajador comenzó después de que el diplomático socialista Raúl Morodo dejara su puesto de embajador en Caracas.
El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo se firmó el 18 de agosto de 2008. Se hizo entre Juan Carlos Márquez Cabrera, en representación de PDVSA, y la sociedad Aequitas Abogados Consultores Asociados SL, con domicilio en la calle Fortuny de Madrid.
En el documento se establecía que Alejo Morodo cobraría 700.000 euros (660.000 en concepto de honorarios profesionales y 40.000 por gastos reembolsables). El objeto de este y los siguientes contratos, todos firmados en Caracas, era según su contenido, “la asesoría a la compañía del despacho de abogados de Alejo Morodo en sus actividades en España y Portugal para el continente europeo”.
El 20 de agosto de 2011, un nuevo contrato de PDVSA, representada por Márquez, se firmó con la sociedad panameña Furnival Barristers Corp, representada por Alejo Morodo en calidad de apoderado. En esta ocasión la cantidad fue 526.880 euros. La dirección fiscal que aparece en el documento es Plaza 2000, Building 50th St. de Panamá. Al año siguiente, en 2012, un nuevo contrato se vuelve a firmar entre PDVSA y Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL, la sociedad española de Morodo. Entonces la cantidad firmada ascendió a 1.584.000 euros.
Juan Carlos Márquez, el firmante de todos los contratos con el abogado español, remitía al “ciudadano ministro”, según reza el texto, cartas oficiales en las que informaba de la relación contractual de la petrolera con Morodo. En las mismas, detallaba la renovación anual de “los contratos suscritos con las organizaciones Furnival-Aequitas y Marpa”, es decir, las sociedades con las que operó el hijo del diplomático.
Durante los años en que Alejo Morodo cobró de PDVSA, el presidente de la petrolera venezolana y ministro de Energía y Petróleos era Rafael Ramírez, exembajador de Venezuela ante la ONU hasta 2017.
Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato. Dos de sus primos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra (BPA) cantidades millonarias que provenían supuestamente del pago de comisiones de compañías que obtuvieron contratos de estatal PDVSA.
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